En una reforma  a la Constitución del estado de Chiapas, aprobada por el Congreso local el pasado 21 de julio, y aceptado por 78 de los 118 ayuntamientos, se prohíbe en el artículo cuarto constitucional la figura del arraigo.

 

El proceso llevó poco más de una semana, ya que la iniciativa se presentó el 14 de julio, el 21 de este mes se discutió en el congreso local y el pasado domingo se informó en sesión extraordinaria, sobre la aprobación de los municipios.

 

La figura del arraigo ha existido en la legislación penal desde 1983, cuando es incorporada al entonces Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorios Federales, pero en 2003 el arraigo había sido declarado inconstitucional, señalando que toda limitación  a la libertad debe estar prevista en la Constitución.

 

Es por eso que en la reforma penal del 2008 se adicionó el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución federal que señala que “la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”

 

Para los críticos de esta figura, la persona en situación de arraigo ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, se le ha detenido para investigarla, en vez de investigar para detenerla.

 

Inclusive, entes de la Organización de las Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Comité de Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, han recomendado que la figura se elimine tanto a nivel federal como local, ya que se considera que es incompatible con el principio de presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal.

 

La figura del arraigo es replicada en las constituciones locales, pero dejará de ser aplicada en el estado de Chiapas a partir de este mes, al menos en los delitos del fuero común.

 

En materia federal el Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, Felipe Zamora Castro, afirmó en el mes de abril que la postura del gobierno federal es que la figura del "arraigo" en México no desaparecerá pese a que organizaciones de la sociedad civil exijan lo contrario, toda vez que esta figura es importante para combatir a la delincuencia organizada.

 

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