La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas se prepara para empezar a cobrar a los tres niveles de gobierno el servicio de agua y alcantarillado, atendiendo a la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/2010 de abril de 2010 la Corte resolvió que los inmuebles públicos de los tres órdenes de gobierno no están exentos del pago por el servicio de agua y alcantarillado y que la Constitución sólo los libera del impuesto predial, al resolver amparos que promovieron la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.

 

La tesis señala en su texto que “la exención relativa sólo opera respecto de los tributos sobre la propiedad inmobiliaria precisados en el inciso a) del primer precepto invocado […], no así en relación al inciso c) de la propia fracción IV, como son los derechos por el servicio de suministro de agua potable, que se causan sin atender a la calidad del bien del dominio público, sino por la simple prestación del servicio público que amerita, por regla general, una contraprestación”

 

Sin embargo, en algunos estados de la República aun existen edificios públicos que se resisten a pagar esta contribución. Ese es el caso de Tlaxcala, en donde el gobierno estatal se niega a cubrir su adeudo de agua a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, citando para ello tesis que ya fueron superadas por la jurisprudencia 2a./J. 40/2010

 

El adeudo del gobierno de Tlaxcala asciende a 50 millones de pesos por el servicio de abastecimiento de agua.

 

En otros estados, como Jalisco, los organismos pretenden condonar los adeudos de los edificios públicos hasta antes de abril de 2010, fecha en que se emitió la jurisprudencia, con el criterio de que se estaría aplicando retroactivamente la tesis, sin embargo, la propia Corte señala que la jurisprudencia P./J. 145/2000 que la interpretación que los tribunales hacen de la ley, no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, por lo que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.

 

En estas épocas en que todos los gobiernos buscan hacerse de recursos, deberían por todos los medios, cobrar a los grandes consumidores de agua que son los edificios públicos.

 

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