Al aprobar una serie de reformas al Código Civil del Distrito Federal, se creó en el Registro Civil el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, (REDAM) en el que se incluirá por orden de la autoridad judicial a quienes tengan más de 90 días de incumplir sus obligaciones alimentarias.  El registro será público y podrá ser consultado por cualquier persona.

 

En el REDAM se inscribirá a los morosos en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial.

 

En caso de que el deudor demuestre que esta al corriente, podrá solicitar la cancelación de su registro. 

La iniciativa se origina ya que en diversas ocasiones y a pesar de la sentencia dictada por el Juez ordenando el pago de pensión alimenticia, la persona que tiene la obligación de proporcionarla no cumple con ese deber.

 

Asimismo, se aumentan las penas previstas en el artículo 193 del Código Penal para aquellos que  incumplan con su obligación de dar alimentos que serán de de 3 a 7 años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, ingreso de sus datos en el REDAM y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente.

 

La Asamblea Legislativa pretende con la creación del REDAM “…sanciones conminatorias para generar que el padre/madre obligado cumpla con el pago de la cuota… coaccionar a los deudores para que cumplan con su obligación.” Si esa coacción se entiende como someter al deudor alimentario moroso, a la presión social, haciendo pública su condición de deudor alimentario moroso, podría argumentarse que se encuentra en el supuesto del artículo 22 constitucional.

 

El primer párrafo del artículo 22 de la Carta Magna señala que quedan prohibidas, entre otras las penas de infamia y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

 

Las penas infamantes son aquellas que atentan contra el honor, la reputación, el decoro de una persona; y provocan deshonra, descrédito y desprestigio. Asimismo, las penas trascendentales son aquellas que rebasan el carácter inminentemente personal que éstas deban tener y cuyos efectos gravosos, por tanto, no recaen sólo en el condenado, sino también en otras personas.

 

La última palabra la tiene la Procuraduría General del la República que puede impugnar estas reformas mediante una controversia constitucional, o los propios deudores morosos en la vía de amparo.

 

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