Por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un caso a la luz de la reforma constitucional sobre derechos humanos, resultando un tema árido

 

El asunto es una acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, por la invalidez de los artículos 72, fracción V y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, que en general establecen como sanción trabajo a favor de la comunidad impuesto por autoridades administrativas.

 

En la sesión del 21 de junio, el ministro Luis María Aguilar Morales, proponía que se decretará la constitucionalidad de las disposiciones dado que la garantía de libertad del trabajo no es absoluta sino que tiene restricciones, y una de ellas es la establecida en el artículo 21 constitucional, del que se desprende que las autoridades administrativas pueden imponer como sanción el trabajo a favor de la comunidad.

 

Pero en esa primera aproximación los ministros acordaron estudiar a la luz de la reforma del artículo 1°, párrafo segundo de la Constitución Política que señala que: “Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

 

En la sesión del 23 de junio, después de debatir el caso, los ministros concluyeron que al estudiar la regularidad de una ley en una acción de inconstitucionalidad, sí es posible acudir a tratados internacionales en materia de derechos humanos no invocados por la parte actora.

 

Finalmente el ministro ponente, hizo una propuesta considerando para el análisis la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 6º, y el Tratado 29 del Convenio de Organización Mundial del Trabajo, que concluye que imponer trabajo comunitario no es contrario ni a los tratados ni a la Constitución, pero ésta fue rechazada por una mayoría de seis ministros, por los argumentos contenidos en la misma.

 

En consecuencia el asunto será returnado a un nuevo ministro para que presente otra propuesta y se resuelva finalmente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos impugnados.

 

En su demanda, la PGR argumentó que la legislación yucateca viola el derecho de libertad de trabajo, pues, de acuerdo con la Constitución federal, nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto por la autoridad judicial.

 

En este primer ejercicio de aplicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos los ministros reconocen que aun falta por definir mucho del alcance de la misma y la forma en que afectará nuestro sistema legal, por lo que la aproximación al asunto en cuestión tiene un mayor grado de dificultad.

 

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