La directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), Marcela López Cabrera, propone que se hagan reformas para que quienes cometan un delito por primera vez bajo los efectos de alguna droga puedan ser recluidos en centros de rehabilitación y no en las cárceles.
"Se trata de hacer una justicia terapéutica y que sería un avance en el resguardo de los derechos humanos, porque buscamos que se considere a la persona que comete un delito por primer vez como alguien que está enfermo y no como un delincuente” señaló la funcionaria.
Una vez que se constate que es un primo delincuente que cometió su delito por acción de las drogas, si el tipo de delito que cometió lo permite, podrá ser recluido en un centro de rehabilitación para que reciba un tratamiento para que pueda insertarse correctamente a la comunidad, indicó Marcela López.
Así, se libraría de prisión a muchos menores de edad que, tras probar alguna droga por primera vez, pierden el control y realizan actos delictivos.
La tolerancia hacia los delincuentes no aplicaría para aquellos que ya son adictos, por lo que a través de exámenes médicos y sicológicos, así como otro tipo de criterios, identificarían si el sujeto es dependiente a alguna droga, lo que los alejaría de este beneficio.
Los Tribunales de Tratamiento de Drogas, justicia terapéutica aplicada, se adoptaron en 1989 en Estados Unidos para combatir las consecuencias por el uso masivo de crack y la saturación del sistema judicial y penal que necesitaba una mejor forma de manejar el asunto
El plan daba la posibilidad a los acusados de delitos menores relacionados con el consumo de drogas, de optar por programas de tratamiento para evitar la cárcel.
Así, se reconoce que procesar a infractores no violentos imputados por posesión o consumo de drogas a través de los tribunales penales, no cambiaría su comportamiento adictivo.
Los infractores que aceptan ser derivados a un Tribunal de Tratamiento de Drogas están de acuerdo en permanecer libres de drogas, participar en un curso obligatorio sobre tratamiento de drogas, someterse a tests de drogas periódicamente para supervisar que cumplan con lo acordado, e informar con frecuencia a la corte sobre su progreso, esto como forma de supervisión judicial. Los jueces de estos programas reciben capacitación especial sobre la naturaleza y el tratamiento de la adicción a las drogas.
Entre 1989 y 1997, 300 mil infractores adictos fueron enviados a rehabilitación, de los cuales 71 por ciento finalizó exitosamente el tratamiento.
Brasil, Canadá, Bermudas, Chile, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Islas Caimán, Irlanda e Italia y Australia cuentan con este tipo de justicia terapéutica.
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