Flavio Sosa Villavicencio, líder de la APPO y que ahora es diputado local en el Congreso del Estado de Oaxaca, presentó una iniciativa para “crear un instituto autónomo paraesclarecer la verdad histórica acerca de los crímenes cometidos por autoridades gubernamentales durante la represión al movimiento social entre 2006 y 2007" mediante una iniciativa de Ley que Crea la Comisión de la Verdad para Investigar los Crímenes Sociales y Políticos Ocurridos en Oaxaca entre 2006 y 2007.

 

Para defender su propuesta cita el Dictamen emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el expediente relativo a la Facultad de Investigación 1/2007, en el que se analizaron las violaciones de garantías individuales por esos incidentes, señalando que la Corte documentó las violaciones graves a las garantías de derecho de acceso a la justicia, derecho a la vida, a la paz, a la libertad, derecho a la integridad personal, de libertad de pensamiento, expresión y derecho a la información, entre otros, “sin que aún haya gente que haya sido procesada y purgue hoy una condena justa por sus crímenes”.

 

Tiene razón Flavio Sosa, la Suprema Corte dictaminó que hubo una violación generalizada de garantías individuales, y que fueron responsabilidad del entonces gobernador del estado Ulises Ruiz y de otros funcionarios.

 

La Corte señaló que esa violación grave de garantías se configuró por el estado generalizado de desorden que existía en el Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada y “por una omisión de las autoridades consistente en no desplegar los actos de imperio necesarios tendentes a restablecer el orden y garantizar el goce de los derechos fundamentales”, asegurando el orden público.

 

El dictamen destaca que los  “hechos provocados por particulares inconformes… impactaron negativamente en la vida y derechos de otros sectores de la población”.  Que el movimiento social era beligerante, “incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del Gobierno del Estado de Oaxaca, sino del Gobierno Federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes por constituir una ‘Asamblea Popular de los Pueblos de México’ con la finalidad de extender el movimiento por todo el territorio nacional y de crear una nueva Constitución, o su proceder consistente en desconocer los acuerdos tomados con las autoridades federales".

 

En el documento se señala que "además, resulta notorio que algunos de sus simpatizantes y, aparentemente, también ciertos integrantes aprovecharon los disturbios y actuaron de manera violenta toda vez que durante marchas y enfrentamientos con corporaciones policíacas provocaron cuantiosos destrozos como incendios de bienes, pintas (algunas en inmuebles de gran valor histórico) y daños en calles y banquetas. Asimismo, ocasionaron serias lesiones a elementos policíacos como contusiones craneoencefálicas, heridas causadas por proyectil de arma de fuego y fractura de huesos, entre otros, dado el empleo de armas de fuego, bombas molotov, resorteras, hondas y bazucas, entre otros instrumentos.”

 

En su estudio la Corte indicó por que las garantías constitucionales se consideran violadas. En este orden de ideas respecto al derecho de acceso a la justicia dice que se vio afectado por el cierre de algunos tribunales federales debido al cierre de calles, quema de autobuses y disparos de arma de fuego y un incendio en el edificio sede de esos tribunales  y en trece automóviles que se encontraban en el estacionamiento de dicho inmueble

 

También se incendió el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, causando la destrucción de expedientes, computadoras, impresoras, escritorios, anaqueles y sistema eléctrico de la Primera Sala Penal, Segunda Sala Penal, la Sala Familiar y la Primera Sala Civil, ya que el fuego no alcanzó la Tercera Sala Penal, Segunda Civil y un espacio de la Oficialía de Partes. Se destruyeron aproximadamente siete mil expedientes, circunstancia que necesariamente implicó tramitar la reposición de autos, con el consecuente retraso en la resolución de tales asuntos.

 

La Corte establece que la violación al derecho a la vida fue consecuencia de que no se llevaron a cabo las acciones necesarias tendientes a restablecer las condiciones mínimas que lo garantizaran y dadas las características del conflicto que imperó en la ciudad de Oaxaca (cierre de calles con barricadas; enfrentamiento de distintas corporaciones policíacas con grupos sociales; bloqueo de vialidades y carreteras; toma de oficinas públicas y privadas, entre otras)

 

En cuanto a la garantía de libertad de trabajo señaló esta no se limita exclusivamente a que el Estado no impida que las personas elijan la ocupación que más convenga a sus intereses siempre y cuando sea lícita, sino que también comprende la obligación de generar las condiciones necesarias para que las personas tengan la posibilidad de seleccionar y mantener un empleo. En este orden de ideas, si está demostrado que el movimiento social que se prolongó por un tiempo significativo, fue mermando la capacidad comercial y obligó a que diversos comercios cerraran, con el consecuente despido de personas, es claro que se violó la garantía.

 

En cuanto al derecho a la educación se señala que el mismo se violó al no adoptar las medidas legales necesarias para impedir la suspensión de clases. Lo que resulta violatorio  no es el proceder de los maestros per se, sino la inactividad o abstención más o menos prolongada en la que se incurrió al no evitar que se menoscabara dicha garantía. La afectación a esta garantía resulta especialmente trascendente si se considera que conforme a los datos estadísticos en materia de educación, Oaxaca se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional.

 

El dictamen de la Corte es muy extenso, más de seiscientas páginas, en el que se subraya la responsabilidad de las autoridades estatales por omisiones en su actuación o un actuar deficiente, pero también se destaca que esa violación de garantías se debió al estado generalizado de desorden que existía en el Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada provocado por los manifestantes.

 

No cabe duda que las cosas dependen del cristal con que se miren.

 

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