En la revisión de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó algunas disposiciones de dicho Código.

 

Así, el artículo 231, en su fracción VII que establece como restricción de los precandidatos contratar publicidad en los medios de comunicación social, es decir, en televisión, radio, prensa, teléfono e Internet para las precampañas, por sí o por interpósita persona, fue declarado inconstitucional.

 

Los ministros de la Corte consideraron que esta disposición es desproporcionada y no cuenta con sustento constitucional puesto que el artículo 41 de la Constitución Política se limita a regular la contratación de publicidad en radio y televisión.

 

Así, la contratación de espacio en Internet, prensa y teléfono para las precampañas es procedente puesto que prohibirla coarta el derecho a la libertad de emitir opiniones político-electorales por la vía de la propaganda.

 

Otra disposición que se declaró inconstitucional es la que establece como requisito para conformar un nuevo partido político el dos por ciento de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal por considerar que es un requisito que atenta en contra del derecho de asociación política.

 

También se invalida el segundo párrafo del artículo 224, del citado Código Electoral, que establece que las precampañas de candidatos al cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán durar más de cincuenta días. Lo anterior toda vez que el  artículo 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Política establece que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

 

En su decisión, la Suprema Corte validó la atribución de la Comisión de Asociaciones Políticas para coadyuvar con la autoridad federal electoral en el monitoreo de todos los medios masivos de comunicación y la autonomía en el ejercicio de las facultades de la Contraloría General y de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.

 

Pese a que algunos medios reportaron que se declaró también la inconstitucionalidad del  artículo 88 del Código que crea la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, en la parte que dispone que el titular de la Unidad será designado de entre una terna de propuestas que envíe el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se desestimó la inconstitucionalidad de esta disposición por no haberse obtenido la mayoría de ocho votos necesarios.

 

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