En Guadalajara, Jalisco, se han presentado en lo que va del año 63 asaltos bancarios, por lo que han implementado medidas para combatir este fenómeno, como la policía encubierta, pero quieren ir más allá.

 

La Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, junto a la de Seguridad Pública y Prevención, preparan modificaciones al Reglamento de Giros Comerciales para concretar una regulación más estricta para las sucursales bancarias en el municipio con el fin de incrementar la seguridad para sus usuarios y trabajadores.

 

Desde el punto de vista de las autoridades municipales esta regulación municipal tiene su fundamentación jurídica principalmente en la Ley de Instituciones de Crédito, que en el artículo 96 obliga a las instituciones de crédito a “establecer medidas básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, factores y dependientes que las ocupen, así como del patrimonio de la institución.”

 

Lo que tal vez no recuerdan las autoridades es que hace quince años ese mismo municipio ya hizo un intento por regular la seguridad en los bancos al emitir en 1996 un Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria. En esa ocasión el gobierno federal promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que declaró inconstitucional el reglamento por invadir la competencia de la Federación.

De esa controversia surgió una tesis de jurisprudencia 73/97que señala que compete a la Federación legislar en materia de seguridad pública, específicamente en protección y seguridad bancaria, conforme a los artículos 73, fracciones X y XXIX, y 115 fracciones II y III de la Constitución Política.

 

Lo anterior sin perjuicio de que puedan celebrarse convenios entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, para actuar en forma coordinada en dicha materia; por lo que las facultades municipales para reglamentar en materia de seguridad bancaria se encuentran sujetas a la celebración previa del citado convenio con la Federación.

 

Seis años después, se presentó un segundo intento para que una autoridad local regulara la seguridad en los bancos, en ese caso fue el Gobierno del Distrito Federal, que a través de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, pretendió regular la seguridad en los bancos.

 

En 2006 también se declararon inconstitucionales las disposiciones de la ley del D.F. por las mismas razones, sin que se constituyera jurisprudencia, ya que sólo existieron siete votos  a favor de la inconstitucionalidad.

 

Guadalajara debería tomar en cuenta estas experiencias y antes de modificar un reglamento, celebrar el convenio de coordinación con la Federación, aunque dicen que la tercera es la vencida, y existe la posibilidad que en esta ocasión se les conceda la razón.

 

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