Las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio iniciarán ante la Procuraduría General de la República un procedimiento de responsabilidad patrimonial, a fin de que se les repare el daño que se les causó por cuatro años de encarcelamiento ilegal.

 

Ellas fueron acusadas en 2006 del secuestro de unos agentes de la AFI y condenadas a 21 años de prisión, pero después de una serie de apelaciones y amparos, la Suprema Corte de Justicia  de la Nación ordenó que fueran puestas en libertad por haberse violado sus garantías individuales durante el proceso.

 

Este recurso se fundamenta en el artículo 113 constitucional y en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Los actos administrativos, que se impugnan son  la irregular integración de la averiguación previa, su consignación y la validación de todos sus elementos por el Ministerio Público Federal, sin que las probanzas tuvieran coherencia, objetividad y veracidad.

Asimismo, el recurso de reclamación fue interpuesto porque pese a las evidentes contradicciones y la carencia de pruebas la PGR se negó a reconocer la inocencia de las dos mujeres en las diferentes etapas del proceso y mantuvo su acusación hasta el último momento.

 

Los abogados del Centro Prodh explicaron que Alberta y Teresa demandan la indemnización máxima prevista en la ley, que es de 20 mil salarios mínimos, un millón de pesos aproximadamente, para cada una por reparación del daño moral, y por daño pecuniario –es decir el costo de las afectaciones y perjuicios causados por su encarcelamiento–, 67 mil pesos para Teresa y 169 mil pesos para Alberta

 

Por otra parte también buscarán que se sancionen a los servidores públicos que intervinieron en el caso, entre ellos el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, que las sentenció  a 21 años de cárcel.

 

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