El Centro Internacional para Resolución de Controversias Comerciales del Banco Mundial condenó en junio de 2010 a México a pagar 21 millones de dólares a las empresas que operaron el Registro Nacional de Vehículos, liquidado por el gobierno tras la revelación de que su director era el exmilitar argentino Miguel Ángel Cavallo. El laudo fue aprobado entre mayo y junio de 2010, y fue hecho público el 20 de abril de este año.

 

El Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) fue creado por ley en junio de 1998 y debía entrar en operación el 1 de enero de 2001. Su objetivo era crear un registro moderno y eficiente de vehículos para proteger la propiedad de los mismos, las operaciones comerciales y evitar el comercio ilegal de coches.

Hasta antes del 24 de agosto de 2000, el registro operaba con normalidad por Concesionaria Renave S.A. de C.V., en el que participaban Henry Davis Signoret, Gemplus Industrial (empresa francesa) y Talsud (empresa argentina). Estas dos últimas empresas son las que acudieron al arbitraje. 

Pero el 24 de agosto se desató la tormenta con ocho amparos en contra de la ley y la detención de Miguel Ángel Cavallo, Director General del Renave, al presuntamente estar relacionado con genocidio, terrorismo, tortura, entre otros, cometidos en Argentina. Pero además, aunque en las acusaciones formales no constaba así, los medios de comunicación lo implicaban también en el robo de automóviles.

 

El laudo destaca que México verificó la reputación de Cavallo con el gobierno argentino durante el proceso de licitación, y el gobierno de ese país aseguró que no había nada registrado en su contra.

 

Descubierto el pasado de Cavallo, el gobierno mexicano realizó una auditoría minuciosa y exaustiva  a la concesionaría para verificar que no existiera ninguna irregularidad y salvaguardar la seguridad de la base de datos, y se nombró una intervención administrativa que informó en mayo de 2001, que a pesar del incidente Cavallo, el RENAVE operaba adecuadamente por lo que no existian elementos legales para revocar la concesión.

 

A pesar de esa falta de elementos, el laudo hace constar que en abril de 2001 se nombró como segundo interventor administrativo a Guadalupe Gómez Mont Urueta con una instrucción expresa: la forma de revocar la concesión o requisar la misma.

 

Durante esa segunda intervención, el tribunal considera que México, a través de la Secretaría de Economía y la segunda interventora, actuó de forma irracional, arbitraria, perversa y de mala fe, lo que les lleva a condenar a nuestro país a pagar una indemnización por no dar un trato justo y equitativo  a los inversionistas. Durante el proceso México no logró probar que la operación del RENAVE implicaba un peligro inminente para la seguridad nacional.

 

En el laudo se destaca que aún se encuentra pendiente de resolverse por parte del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa la anulación de la revocación del contrato de concesión del RENAVE, aunque el asunto ya debe haberse sobreseído, toda vez que existe ya un marco jurídico distinto.

 

También en el laudo se destaca que hasta el momento no se han probado las acusaciones contra Cavallo, ya que él alega un error de identidad.

 

Este es el enlace al laudo de 424 páginas

 

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