En las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales ha surgido una controversia alrededor de la discusión en la Cámara de Diputados sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, con opiniones a favor y en contra.

 

A fin de abonar a esta discusión, y antes de profundizar en el análisis de la misma, proponemos revisar como ha avanzado hasta ahora el proceso legislativo de este proyecto de reformas y cual es marco jurídico vigente que sustenta actualmente la actuación de los militares en el combate al crimen organizado.

 

El 23 de abril de 2009 se presentó al Senado por parte del Ejecutivo la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Seguridad Nacional, y el 27 de abril de 2010 fue aprobada por esa Cámara. La Ley fue aprobada en lo general por todos los partidos, con sólo un voto en contra y una abstención y pasó ese mismio día a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. No se trata por tahnto, de una nueva iniciativa.

 

En resumen, la iniciativa define el concepto de seguridad interior, implementa un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, los grados en que se puede afectar la seguridad interior y establece los supuestos de esa afectación a la seguridad interior. La Ley actualmente es omisa en estos temas

Ahora bien, en cuanto al marco jurídico bajo el cual se sostiene la actuación del Ejército y la Armada en el combate al crimen organizado se basa fundamentalmente en el artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga al titular del Poder Ejecutivo Federal a “preservar la Seguridad Nacional en los términos de la ley respectiva” y lo faculta para “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

 

Esta facultad constitucional es la  que se ha estado ejerciendo hasta ahora sin limitación ni reglamentación alguna, salvo la que se deriva de cinco criterios de la Suprema Corte de Justicia contenidos en la Tesis Jurisprudencial P./J. 38/200

 

Estos criterios establecen en general lo siguiente:

 

El artículo 129 Constitucional autoriza que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea actúen en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten su apoyo, incluyendo dicha actuación las materias de seguridad pública.

 

No es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista en el artículo 29 constitucional, para que las fuerzas armadas en general intervengan, “ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano”.

 

Toda autoridad, especialmente tratándose de seguridad pública, tiene dos claras limitaciones: no vulnerar las garantías individuales y no rebasar las atribuciones que las leyes le confieren.

 

La solicitud de las autoridades civiles para que las fuerzas armadas actúen en materias de seguridad pública debe ser expresa, fundada y motivada.

 

Las labores de apoyo en seguridad pública del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea se encuentren subordinadas a las autoridades civiles y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133. 

 

Este es todo el marco jurídico con el que se sustenta hasta el momento la participación  de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y los antecedentes de la iniciativa. 

 

En entregas posteriores analizaremos el dictamen de la Cámara de Diputados sobre las reformas  a la Ley de Seguridad Nacional y lo que implican.

 

www.miabogadoenlinea.net