Ayer jueves fue ratificado en el Senado el nombramiento de Marisela Morales Ibañez como Procuradora General de la República, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en México.

 

Tradicionalmente el cargo había recaido sobre hombres, aunque la Constitución Política no hace diferencia de género como requisito para ocupar el cargo. Así, los requisitos que se establecen son ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

 

Pese a que el nombramiento es propuesto por el presidente y ratificado por el senado, la remoción del cargo es libre por parte del presidente.

 

Ahora bien, en el ámbito de competencias en materia de combate al crimen, debemos recordar que la Procuraduría General de la República tiene las funciones esenciales de ser Ministerio Público y de representar a la federación en todos los negocios en que sea parte.

 

 

Es el artículo 102, aparatado A de la Constitución Política el que regula lo relativo al Ministerio Público federal, al frente del cual está el Procurador General de la República, siendo la ley que lo regula en lo específico la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

De acuerdo con esta ley, en términos generales corresponde al ministerio público federal investigar y perseguir los delitos del orden federal, vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad, intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que le correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad pública.

 

Particularmente, el Procurador General de la República tiene como atribuciones indelegables intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política, formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de los amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten y denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sustentación de tesis que estime contradictorias con motivo de los juicios de amparo de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otras.

 

Aunque la PGR trabaja en estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, no deben confundirse en sus funciones ya que ésta última, también inscrita en el poder ejecutivo, es la encargada de desarrollar las políticas de seguridad pública y de proponer la política criminal en el ámbito federal, de organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal y de administrar el sistema federal penitenciario.

 

Previo a la toma de posesión del cargo, Marisela Morales se comprometió ante el Senado a no utilizar políticamente a la PGR y a transforma a través de la depuración y profesionalización de su personal y el fortalecimiento de la coordinación con las secretarías de Seguridad Pública, Marina y Defensa Nacional.

 

Marisela Morales llega al cargo en un momento importante en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que en el ámbito de sus facultades requiere de la debida capacitación de los ministerios públicos para presentar debidamente los casos ante los jueces.

 

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