La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el día de ayer la discusión sobre los amparos relacionados con la Ley General para el Control del Tabaco, declarando improcedente el amparo promovido por Jorge Francisco Balderas Woolrich, en el que buscaba la protección a su derecho a la salud.

 

La primera discusión en este asunto se centró en definir si Balderas había demostrado el interés jurídico para interponer el juicio de amparo, a lo cual la mayoría acordo que sí, abriendose la posibilidad para que cualquier ciudadano pudiera reclamar violaciones a sus garantías individuales, aunque no sufriera una afectación personal y directa.

 

El entusiasmo terminó en la sesión de ayer, cuando se discutió sobre la procedencia del juicio. Una mayoría de ocho ministros decidió que la demanda debería considerarse improcedente, toda vez que de concederse el amparo, no tendría ningún efecto, al no resarcir al quejoso en el goce pleno de su derecho a la salud, puesto que continuaría vigente la Ley General para el Control del Tabaco, toda vez que hasta el momento los efectos del amparo no son generales sino particulares.

 

Por otra parte, la minoría de tres ministros consideraba necesario que la Corte primero se pronunciara sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sobre la existencia de las violaciones a los derechos fundamentales reclamadas por el quejoso, para luego decidir sobre los efectos que debe tener esa decisión.

 

Sobre el particular el ministro José Ramón Cossio declaró vía Twitter que “Sobreseer ...implica, desde mi perspectiva, prejuzgar sobre el fondo del asunto. Primero se tuvieron que determinar las razones en las que se fundó la violación constitucional y después analizar los efectos” (@JRCossio)

 

Con esta decisión quedó en duda la constitucionalidad de la Ley General para el Control del Tabaco en relación con el derecho a la salud.

 

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