La Suprema Corte revisará esta semana la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que no excusa a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes de información.

 

El protector de los derechos humanos considera que esta disposición no toma en cuenta los casos en los que puede existir una causa que justifique el incumplimiento de declarar o hacerlo de manera afirmativa o negativa sin que por ello se tenga por confeso, como es el caso del secreto profesional de médicos, abogados, psiquiatras o ministros religiosos, pero hace especial referencia a los periodistas.

 

El proyecto que van a  discutir fue elaborado por el fallecido Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y considera constitucional el contenido del citado artículo.

 

Esta controversia se originó por la reforma que sufrió el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el 11 de septiembre de 2009, que incluye entre otras, el citado artículo 322.  Ese artículo señala que el que deba responder preguntas ante un juzgado, será declarado confeso: Cuando no se presente, habiendo sido citado; se niegue a declarar o al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente.

 

La CNDH alega que esa disposición realiza una "discriminación por indiferenciación" al no contemplar los casos en los que existe una justificación para no declarar en la prueba confesional, violando principalmente el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Esa Comisión llega a esta conclusión al afirmar que “la prohibición de discriminación es una consecuencia del derecho fundamental de la igualdad, la cual implica la realización de un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales. En este sentido, es posible afirmar que discriminar implica lo contrario, es decir, prestar un trato desigual a los iguales o uno igual a los desiguales”.

 

En consecuencia, entienden que bajo el principio de igualdad se encuentra el derecho a ser tratado de forma diferente cuando las circunstancias son distintas.

 

Respecto a los periodistas, consideran que al no poder reservar su fuente, se violan los derechos de información y libertad de expresión, “lo cual conlleva un trasfondo de impacto no solo individual, sino social”.

 

Cabe destacar que esta disposición es semejante a la que se incluye en otras disposiciones como el Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas, Durango, Baja California, Sonora, Oaxaca, entre otros, y que la reforma únicamente modificó el punto uno del artículo citado.

 

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