La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado resolviendo una serie de amparos en revisión en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otras autoridades, por la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para el Distrito Federal y su reglamento, así como contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades por la Ley General para el Control del Tabaco.

 Dentro de estos amparos en revisión se incluye el promovido por Jorge Francisco Balderas Woolrich mismo que obligó a los ministros  a discutir si los derechos sociales garantizados en la Constitución Política, como son la alimentación, la educación, la vivienda, la cultura o el medio ambiente sano, y en particular en este caso el derecho a la salud, son exigibles por medio de un amparo y si cualquier ciudadano puede reclamarlos.

La primera discusión en este asunto se centró en definir si el quejoso demostró el interés jurídico para interponer el juicio de amparo, y por tanto si se puede admitir la demanda. Para los juristas conservadores el interés jurídico se acredita cuando una persona demuestra que  la ley, tratado, reglamento o acto reclamado le perjudica en forma personal y directa. 

 

Los juristas vanguardistas consideran que cuando se refiere a los derechos sociales ese interés jurídico se debe ampliar, a fin de que el ciudadano pueda pedir la protección de la ley mediante el juicio de amparo cuando se afectan sus interés, o como sucede en este caso, el derecho a la salud.

 

Hasta el momento ocho ministros han hecho uso de la palabra y las posiciones están empatadas con cuatro ministros que consideran que sí se acredita el interes jurídico, ya que el amparo es la única vía legal para defender los derechos sociales; y en el otro extremo otros cuatro ministros que consideran que no está acreditado el interes jurídico.

 

Si la Corte decide por mayoría que no se acredita el interés jurídico, el asunto se desechará y no se discutirá el fondo del mismo, pero si se decide que se amplíe el concepto de interés jurídico, entonces se revisarán los planteamientos del quejoso,  que en general argumenta la obligación que tiene México de atender las obligaciones específicas previstas en tratados internacionales respecto al control del tabaco. Pero una decisión en este sentido implicaría reconocer al amparo como la vía legal para hacer valer los derechos sociales.

 

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