En Francia el poder judicial ha enfrentado serios problemas, incluso se han ido al paro por falta de recursos para cumplir con sus actividades.

 

Al parecer en nuestro país los poderes judiciales de algunas entidades presentan también problemas económicos que ponen en juego su viabilidad o la viabilidad de las reformas en materia penal. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal declaró en entrevista radiofónica que no cuentan con los recursos necesarios para implementar los juicios orales en materia penal.

 

En Baja California Sur el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Humberto Montiel Padilla, informa que algunos tribunales no cuentan con suministro de energía eléctrica, materiales e inclusive no se han pagado algunos salarios, ya que les “es materialmente imposible cumplir con los compromisos de pago con los diversos proveedores del material y servicios necesarios para la operación propia de la actividad jurisdiccional”.

 

El Poder Judicial Federal también ha visto reducido su presupuesto a pesar de que requiere establecer juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, crear 58 nuevos juzgados de distrito, 12 colegiados de circuito, un tribunal unitario y dos más auxiliares, sólo para atender asuntos pendientes de resolución y la creciente demanda de los servicios de impartición de justicia, además de la creación de los tribunales para adolescentes y la modernización de los tribunales federales para los juicios orales en materia penal y mercantil.

 

En resumen, la justicia no sólo es un asunto de leyes, también de dinero.

 

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