La juez décimo segunda de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ordenó la suspensión provisional de la autorización para la exhibición del documental Presunto culpable, en virtud de una demanda de amparo interpuesta contra actos de autoridad emitidos por la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, entre otras instancias.

 

El juicio de amparo fue interpuesto por Víctor Daniel Reyes Bravo, quien era primo del joven asesinado Juan Carlos Reyes Pacheco, y testigo de cargo en contra de José Antonio Zúñiga Rodríguez, sobre quien se centra la historia del documental.

 

La medida no se aplicará de forma inmediata ya que el distribuidor  de la película, en este caso Cinépolis, puede impugnar la decisión de la jueza ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

 

Según el contenido de la demanda de Reyes Bravo, la proyección del documental le afecta su honor, su imagen pública, y sus relaciones personales, ya que él nunca autorizó la filmación de la declaración y careo en el  juzgado.

Ya antes, los familiares de Juan Carlos Reyes, habían solicitado ante la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que no se autorizara la exhibición del documental. La familia Reyes señala que el documental presenta una realidad parcial del caso, además de que los realizadores no cuentan con su permiso sobre los derechos de imagen para exhibirlas

 

Aunque la crítica por la decisión tomada por la jueza ha sido calificada de censura, es una decisión legal que responde al derecho que tiene Reyes Bravo de proteger su derecho a la imagen, que se considera como la facultad que tiene  toda persona de impedir que se reproduzca su propia imagen por cualquier medio sin autorización expresa o tácita. Más aún si 432,354 personas que han visto la película, han sido testigos de su desempeño en el caso.

 

Los productores de la película señalan que Reyes Bravo nunca solicitó no ser grabado, por lo que desde su punto de vista tácitamente consintió salir en el documental “se me hace fuera de tiempo y de lugar, porque en caso de que este testigo no hubiera querido ser filmado se lo hubiera dicho al juez: oiga yo no declaro hasta que me quiten las cámaras; el consintió el acto”

 

El Código Civil Federal actualmente protege la imagen personal en el artículo 1916, al señalar que estará sujeto a la reparación del daño, aquel que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

 

A su vez la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce la supremacía del derecho a la propia imagen sobre el derecho de autor, aunque en el caso de las fotografías señala que no será necesario el consentimiento cuando se trate del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos.

 

Sin haber visto la película, en las reseñas se indica que la condena de Antonio Zúñiga Rodríguez se basó únicamente en el testimonio de Reyes Bravo, sin que existiera otra evidencia en su contra. Si como sociedad aceptamos que eso es injusto, ¿entonces por que señalamos  a los jueces de Chihuhua que liberaron al presunto autor intelectual del homicidio de Marisela Escobedo o que impusieron una condena menor en el caso del Instituto San Felipe, en Oaxaca, Oaxaca, al negarse a otorgar una condena basados exclusivamente en pruebas testimoniales?

 

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