Así lo declaró el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al otorgar el amparo a una mujer en un proceso de divorcio, en el que se presentaron como pruebas en su contra correos electrónicos.

La quejosa señaló que la lectura de los correos electrónicos obtenidos de su cuenta personal, viola en su perjuicio los derechos de intimidad e información privada, pues dichos comunicados son de carácter personalísimo y contienen datos sensibles.

En su revisión el Juez señala que efectivamente admitir correos electrónicos obtenidos de forma ilícita como prueba, viola el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones.

En la sentencia de amparo se especifica que el contenido de un correo electrónico “es prácticamente ilimitado”; de ahí que al definir la información que contienen, éstos deben “considerarse dentro del ámbito íntimo de las personas tutelado por el artículo 16 constitucional, pues pueden contener manifestaciones personalísimas, tales como la ideología política, situación física (enfermedades), económica, afectiva, religiosa, etcétera” y están protegidos contra los ataques ilegales que en su contra puedan provenir de las autoridades o, inclusive, de otros particulares.

Asimismo, el juzgador destaca que al permitir el correo electrónico cruzar información entre una o más personas, “es indudable que estamos en presencia de un medio de comunicación, y cuando los titulares de las cuentas son ciudadanos particulares, podemos hablar de comunicaciones privadas, que el mismo artículo 16, en su párrafo duodécimo, “establece, de manera tajante, que … son inviolables.”

Por tanto, “si los correos electrónicos que pretendían ser exhibidos son comunicaciones privadas, no se obtuvieron por mandato de un juez federal en una averiguación penal, ni existe autorización expresa por parte de sus autores para ser entregados en el juicio civil, es claro que aquéllos se obtuvieron de manera ilícita, por lo que fue inconstitucional que se hubiesen admitido como pruebas en el juicio civil y, consecuentemente, no podrán ser tomados en consideración por la juez al momento de resolver.”

En consecuencia, se concedió el amparo a la mujer y el juzgado civil en donde se tramita el divorcio deberá desechar esas pruebas al haber sido obtenidas de forma ilegal y que tienen por objeto hacer públicas cuestiones que atañen a la esfera íntima de la agraviada, como pudiese ser su situación afectiva y sentimental.

Es de destacar que el párrafo trece del artículo 16 constitucional también establece que no se podrá autorizar la intervención de una comunicación privada cuando se trate de materia civil. Tampoco puede existir intervención de comunicaciones en materia electoral, fiscal, mercantil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

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