Sandra Ávila Beltrán fue detenida el 28 de septiembre de 2007, presuntamente a raíz de una investigación iniciada el 21 de julio de 2002, cuando la Armada de México detuvo el buque atunero “Macel” en Manzanillo, con un cargamento de nueve toneladas de cocaína pura.

Cuando la presentaron, las autoridades federales la acusaron de internar a México cocaína proveniente de Colombia desde la década de los noventa, señalando que era “parte de una familia que, por tres generaciones, se ha dedicado al narcotráfico", considerada además como una de las principales operadoras del cártel de Juárez.

Desde el momento de su detención ella dijo que no había pruebas en su contra, y al parecer tenía razón ya que los cargos que le imputaban se han derrumbado poco a poco.

En cuanto a los cargos por narcotráfico y crimen organizado, el 3 de diciembre de 2010 un juez ordenó su liberación en virtud de la falta de evidencia para condenarla. La sentencia fue apelada por la Procuraduría General de la República y pasarán meses para que se resuelva.

Esta semana informa la Procuraduría General de la República que después de tres años de proceso la llamada “Reina del Pacífico” ha sido condenada a un año de prisión y pago de una multa de $1,165.00, por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ella seguirá detenida, ya que existe una solicitud de extradición de los Estados Unidos, en donde también se le acusa por" delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita", aunque en los próximos días un juzgado federal podría ampararla en contra de la autorización que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores para extraditarla a Estados Unidos.

En el colmo del caso, las autoridades descubrieron que presuntamente Sandra Ávila recibió un tratamiento de botox, aplicado por un médico externo del penal en donde se encuentra recluida, pero la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha encontrado elementos para acusarla de cohecho y ella se ha negado a declarar o permitir que se le realice un examen médico para corroborar la versión.

Pero lo más desagradable de este tipo de casos, es que pareciera no ser el único.

En el Cuarto Informe de Gobierno, el Presidente Felipe Calderón indicó que del 1 de septiembre de 2006 al 19 de agosto de 2010, se detuvieron a 117 mil 283 presuntos delincuentes, entre ellos más de 82 mil vinculados al narcotráfico.

En el apartado correspondiente  a la Procuraduría General de la República se señala que desde inicios del sexenio a julio de 2010 en relación con la delincuencia organizada han sido arraigadas 1,468 personas, ejercitado acción penal en contra de 5,214 personas, dictado auto de formal prisión a 1,341 personas; pero sólo se ha condenado a 266 personas por diversos delitos, como son delincuencia organizada, contra la salud, portación, posesión y acopio de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército, homicidio y privación ilegal de la libertad.

Es verdad que la justicia en nuestro país es lenta, que indudablemente existe corrupción en el poder judicial, pero aun en esas condiciones no se justifica que sólo se obtenga un 5% de sentencias condenatorias, lo que quiere decir que en el otro 95% o todavía están en proceso los juicios o los indiciados han sido absueltos.

¿En donde está la falla? ¿En la Procuraduría? ¿En el Poder Judicial? ¿En ambos?

Las cifras fueron tomadas del Cuarto Informe de Labores de la Procuraduría General de la República, página 83.

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