Hace cuatro años un niño de cuatro años presuntamente fue violado en el Instituto San Felipe, en Oaxaca, Oaxaca. Dos de los presuntos responsables están prófugos y su supuesta cómplice, la directora del plantel, Magdalena García Soto, fue sentenciada a seis años de prisión por violación equiparada de un menor.
García Soto solicitó el amparo en contra de esta sentencia, pero la madre del menor también se amparó a fin de que se aumentara la condena y se ampliara la misma para que se pague la reparación del daño al menor.
La ministra Olga Sánchez Cordero presentó el jueves un proyecto de sentencia que negaba el amparo a Magdalena García Soto, otorgando el amparo solicitado por la madre de la víctima, Leticia Valdez Martell, para que García Soto fuera condenada al pago de la reparación del daño del que fue absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Los amparos fueron revisados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obteniéndose una votación dividida: dos votos a favor y dos votos en contra, por lo que la decisión definitiva quedó sin resolverse al no existir la posibilidad de desempatar la votación.
Los ministros Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar consideraron que en este caso debe prevalecer “el interés superior del niño”, quien declaró que García Soto, lo llevaba al gimnasio de la escuela en donde era abusado por su maestro y el esposo de la propietaria del colegio.
En cambio, José Ramón Cossío y Guillermo Ortiz Mayagoitia señalaron que las pruebas de descargo presentadas por García Soto no se valoraron adecuadamente y al no demostrarse la plena responsabilidad en los hechos “y sin prejuzgar sobre su culpabilidad” lo procedente era conceder el amparo. Dijeron también que el criterio de que debía prevalecer el interés superior del niño y su declaración sobre los hechos, tiene preponderancia en los juicios civiles y familiares, pero “de ninguna manera pueden tener el alcance de vulnerar los principios de valoración probatoria y de presunción de inocencia" en un proceso penal en el que está de por medio la libertad del acusado
Con este son ya 24 los asuntos en los que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha podido resolver, en virtud de que no se ha nombrado el nuevo integrante del máximo tribunal, en sustitución del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien falleció el pasado 19 de septiembre.
Mientras que para el Presidente de la República y el Senado la designación del ministro es una decisión política y lucha de poder, para una persona significa la libertad y para otra, que se resarza el daño permanente que se provocó a su hijo. Para la sociedad representa el valor que se debe dar a las declaraciones de un menor en un juicio penal, y si estas son prueba suficiente para condenar a una persona.
La otra opción para romper el empate es que la Primera Sala solicite la participación de un ministro de la Segunda Sala en una sesión posterior, pero es poco probable.
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