Aunque el concepto del principio de presunción de inocencia se incluyó en la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades, federales y locales, aún no se “acostumbran” a respetar el mismo.

 

Tal es el caso del Procurador de Justicia del estado de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, quien ha aprovechado cualquier micrófono para hacer declaraciones sobre el caso del cantante Kalimba (Kalimba Marichal Kadjhali Ibar)

 

El pasado 18 de diciembre el cantante y disc jockey, Kalimba, se presentó en el “Buda Bar” de Chetumal, Quintana Roo. Ahora es acusado de violación de una menor, quien fue contratada como edecán para la presentación del artista, sin goce de sueldo, recibiendo como pago el convivir con el disc jockey.

 

El asunto, como la mayoría de los casos importantes en nuestro país, se ha estado ventilando en los medios con las versiones de la víctima, el presunto responsable, y lo más grave, del procurador, volviéndose los medios y los periodistas cómplices de la violación a la “presunción de inocencia”, además de que también violan el derecho a la propia imagen y a la vida privada al emitir juicios sobre la responsabilidad de las personas tanto del presunto responsable como de las víctimas, como sucede en el caso de Kalimba.

 

El principio de presunción de inocencia, tema que analizamos en el caso de Jacinta, se incluyó en la Constitución Política el pasado 19 de junio de 2008, al establecerse en el artículo 20 el derecho de todas las personas a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad en una sentencia. Con anterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había sostenido que “…de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional…”.

 

La Corte, al definir los alcances de la presunción de inocencia, señaló que este principio impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, que garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad.

 

Así el Ministerio Público debe presentar pruebas suficientes que permitan retirar la presunción de inocencia al acusado, respetando el principio general de derecho que señala que quien acusa debe probar.

 

El Procurador Aldor ha dicho en todos los medios de comunicación que se cuenta con los elementos suficientes para consignar y condenar a Kalimba, pero eso lo deberá de probar ante el juez, sino, es posible que se esté cocinando otro caso como el de Paulette o Marisela Escobedo en el que se dejó libre a un acusado por que el Ministerio público no aportó pruebas suficientes, dañando la imagen del poder judicial.

 

Respecto a estos casos llamados de nota roja los periodistas Marco Lara Klahr y Francesc Barata señalaron en  su libro “Nota[n] Roja. La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar” que cuando las audiencias son adictas a consumir violencia y los medios a lucrar con eso, siempre habrá víctimas, y serán los propios ciudadanos quienes verán vulnerados sus derechos humanos hasta en el momento más íntimo. En el caso de Kalimba, ya se empieza a cuestionar la calidad moral de la presunta víctima; han entrevistado a supuestos testigos, han hecho reconstrucción de hechos, valorado el dicho de la presunta víctima, etc.

 

www.miabogadoenlinea.net