Los diputados locales Rocío Corona Nakamura, Enrique Aubry de Castro Palomino, Raúl Vargas López y Roberto Marrufo Torres señalan que en Jalisco todas las fracciones parlamentarias buscan erradicar el fenómeno del bullying o acoso escolar.

 

Con esa perspectiva el Congreso local organizará un foro, en el que entre otros temas, se revisará la iniciativas de “Ley Contra la Violencia y el Acoso Escolar del Estado de Jalisco”.

 

La propuesta  pretende que en cada escuela exista un gabinete de sicología y trabajo social capacitados para prevenir y atender los casos de violencia y acoso escolar, facilitar la denuncia y establecer medidas disciplinarias que inhiban esta conducta.

 

Una iniciativa de ley en  la materia ya fue rechazada por el Congreso local, con el argumento de que corresponde al Ejecutivo local reglamentar el tema en términos de la Ley de Educación del estado de Jalisco y la Ley General de Educación.

 

El bullying o acoso implica tanto violencia física como emocional entre menores en edad escolar y se presenta en niños entre los 6 y los 17 años, con especial incidencia entre los 12 y 14 años. El maltrato puede ser agresiones verbales, físicas, sicológicas, exclusión social y hasta acoso electrónico, y puede ir desde poner apodos, insultar, ridiculizar, excluir, rechazar, ignorar, tocamientos erotizados, insultos sexuales.

 

Aunque el fenómeno no es nuevo, sus consecuencias y extensión se han agravado provocando daños físicos como fracturas o sicológicos como fobia a la escuela, baja autoestima, depresión, ansiedad, miedo, angustia, y en algunos casos ha llevado a los menores incluso al suicidio.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el 40% de la población escolar de primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas del país, es víctima de bullying.

 

Como este, existen otros esfuerzos en el país. En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión existe una iniciativa para modificar la Ley General de Educación, agregando un capítulo donde se especifique que los estudiantes tienen derecho a “desarrollarse en ambientes libres de agresiones y violencia'”, estableciendo más responsabilidades a los docentes para garantizar un ambiente pacífico en las instituciones, así como lineamientos de “respeto y tolerancia” que los alumnos deberán seguir.

 

También existen iniciativas en Baja California, Sinaloa, Colima, Puebla. En el Distrito Federal se tiene documentado el suicidio de 190 jóvenes a consecuencia del bullying, que los llevó a elaborar  el manual "Escuelas aprendiendo a convivir, un proceso de intervención contra el maltrato e intimidación entre escolares", y crear programas de prevención y atención en las secretarías locales de educación y seguridad pública. 

 

Hasta el momento no existe un ordenamiento a nivel federal o local que prevenga y sancione el  acoso y violencia en las escuelas.

 

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