Al resolver el pleno  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres controversias constitucionales promovidas por los municipios de Llera, Gómez Farías y Abasolo, del estado de Tamaulipas, se determinó que el Congreso de ese estado carece de atribuciones legales para establecer políticas salariales respecto a las percepciones de los servidores públicos municipales.

En esas controversias se cuestionaba la constitucionalidad del decreto LX-4, por el que se reformó el artículo 30 del Código Municipal para la entidad, por el que se adicionó un párrafo segundo con siete fracciones que establecieron límites a los salarios de los miembros de los ayuntamientos, regidores y síndicos, en relación con el salario mínimo vigente en la entidad y el número de habitantes.

Los ministros precisaron que el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo indica que los municipios tienen autonomía plena para determinar sus presupuestos con base en sus ingresos disponibles, que deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban lo servidores públicos municipales.

Asimismo, señalaron que el único límite que establece la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos es el previsto la base II del artículo 127 que dispone que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

De los 10 ministros, sólo los ministros José Ramón Cossío y Fernando Franco votaron en dirección contraria.

El Congreso de Tamaulipas buscaba con esta reforma frenar los exagerados sueldos de ediles y demás servidores públicos del orden municipal, algunos que incluso han superado al del gobernador y de funcionarios federales.

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