Las modificaciones que estableció el pasado 21 de diciembre el Congreso de Baja California al artículo 17 de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas en Baja California, conocida como Ley de Alcoholes, tiene descontentos  a los cinco municipios de la entidad.

La reforma limita la venta de bebidas embriagantes a la una de la mañana, con la salvedad de un máximo de tres días a la semana que sería jueves, viernes y sábado, en los que se podrá ampliar la venta dos horas adicionales, pero se requerirá de un permiso del municipio donde se ubique el negocio.

Esta iniciativa fue promovida en el seno del congreso local y apoyada por el gobierno del estado para prevenir accidentes por el consumo de alcohol, ya que las estadísticas del Consejo Contra las Adicciones de la Secretaría de Salud y del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), reportan que los accidentes vehiculares aumentan durante la madrugada y quienes pagan las consecuencias no son las personas que consumen alcohol sino precisamente las que no lo consumen.

A pesar de lo anterior, comerciantes locales del ramo turístico y ayuntamientos se han manifestado en contra de las reformas. Inicialmente los municipios en conjunto solicitaron al Gobernador que vetara las reformas, pero el Ejecutivo se negó.

Toda vez que este esfuerzo falló, ahora los municipios intentarán la vía legal, promoviendo una controversia constitucional, ya que se considera que se violó el procedimiento legislativo al no solicitarse la opinión de los ayuntamientos antes de votar la iniciativa, en términos del artículo 30 de la Constitución estatal.

Los ayuntamientos cuentan con 30 días a partir de la publicación de la reforma en el periódico oficial para promover esta controversia, mientras tanto, los bares y restaurantes deberán cumplir con la normativa.

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