Al rendir su cuarto y último informe de labores, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, insistió en que se elimine la facultad de investigación que se confiere a la Corte en el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional, posición de la mayoría de los ministros de la Corte.

 

Esta solicitud ha sido atendida por el Congreso de la Unión aprobando la Cámara de Diputados, entre otras modificaciones a la Carta Magna, la modificación a esa facultad investigadora.

 

Actualmente el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política prevé que la Corte nombre a alguno o algunos de sus miembros, o a algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designe a uno o varios comisionados especiales, cuando así lojuzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

 

El ejercicio de esta facultad siempre ha generado problemas a la Suprema Corte ante la sociedad, ya que al no ser vinculante, en realidad sólo constituye una declaración, sin mayores consecuencias jurídicas, toda vez que la misma nunca fue regulada a través de una ley o reglamento.

 

Así sucedió en los caso más recientes, como son el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; Sonora, las responsabilidades por los disturbios en Atenco, Estado de México, así como en Oaxaca y el caso de Lydia Cacho en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín.

 

Ahora, el Congreso de la Unión ha decidido transferir esta facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, facultándole en el artículo 102 de la carta magna para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

 

Asimismo, se dispone que ninguna autoridad pueda negar la información que requiera la Comisión, y se le faculta para que, a diferencia de la Corte, presente las denuncias que correspondan ante la autoridad competente.

 

En lo que no estuvieron de acuerdo los Diputados es en dar facultades de autoridad investigadora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que consideran que "es tanto como ubicarla en el plano del Ministerio Público y por ende, sujetarla a los mismos controles en caso de un eventual exceso, o simplemente, juzgar su actuación por vía de amparo cuando un particular considere que el organismo al ejercer su facultad investigadora le viola un derecho fundamental."

 

La discusión aun no termina, ya que al haberse modificado la propuesta de los Senadores, los Diputados regresaron el documento al Senado para que los legisladores revisen y en su caso aprueben o rechacen las modificaciones. De no aceptarse las modificaciones los cambios al artículo 97 y 102 podrían quedarse en el tintero.

 

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