El pasado 30 de noviembre de 2010 se publicó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la disposición antes citada, misma que entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2011.

 

Los artículos transitorios de esta Ley no lo señalan expresamente, pero de los mismos se desprende que una vez que entre en vigor la misma, se derogan todas las disposiciones referentes al secuestro en los códigos locales, por lo que todo delito de secuestro que se cometa después del 28 de febrero será sancionado con esta ley.

 

Esto ha generado descontento en algunos sectores de la sociedad chihuahuense, que consideran más eficiente y dura la legislación del Estado que la legislación federal.

 

El pasado 24 de octubre de 2010 entraron en vigor en el estado de Chihuahua, reformas al Código Penal del estado, que establecen la prisión vitalicia o cadena perpetua, entendiendo por esta la privación de la libertad personal por todo el tiempo de vida del responsable del delito.

 

Esta se aplica tratándose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o menores de edad o del delito de secuestro, imponiéndose una pena por cada delito cometido, aún y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión temporal. También aplica cuando los delitos sean cometidos por miembros de corporaciones policíacas, autoridades ministeriales, judiciales o de ejecución de penas y medidas judiciales, en cualquier grado de participación.

 

Igual supuesto aplica a los ex integrantes de las instituciones o corporaciones citadas, cuando empleen cualquier tipo de conocimiento, habilidad o información que hubiesen adquirido u obtenido durante el ejercicio del cargo anterior, siempre y cuando, dentro de los delitos dolosos se encuentre el homicidio, secuestro, extorsión, robo, amenazas o daños

 

Además se establece que el delito de secuestro no prescribe, se persigue de oficio y el responsable no tiene derecho a la preliberación, por lo que de ser condenados los secuestradores pueden estar en la cárcel de 30 años a todo lo que les reste de vida.

 

La principal diferencia con la legislación federal son las penas que en la ley antisecuestros van de 20 a un máximo 40, y hasta 70 años si el delito se comete con agravantes , y establece penas de dos a dieciséis años a los que colaboren con las autoridades o disminuyan las consecuencias del delito, mientras que para la legislación de Chihuahua es una circunstancia que sólo debe ser consideradas por el juez para determinar la pena, sin preveer un término especifico de sanción.

 

Ahora, el estado de Chihuahua se prepara para modificar los alcances de la cadena perpetua, para que en delitos colaterales del secuestro como la extorsión y el homicidio, que son de competencia local, se continuén acumulando las penas y los delincuentes no se liberen de la cadena perpetua. Es de destacar que el promedio de vida en nuestro país es de setenta y cinco años.

 

Actualmente existen 40 personas que están siendo procesadas conforme a la legislación local y que enfrentarán una pena vitalicia, misma pena que podrá ser aplicable a todos aquellos que hayan cometido el delito antes del 1° de marzo de 2011.

 

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