La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un recurso de revisión interpuesto por la víctima de un secuestro, estableciendo que la víctima o el ofendido también están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de cualquier decisión que afecte su derecho constitucional a ofrecer pruebas.

 

En el caso de análisis, la víctima participaba en el juicio como coadyuvante del Ministerio Público, pero el juez del caso le negó la oportunidad de ofrecer, entre otras pruebas, su testimonio, por no haberse ofrecido en la instrucción.

 

La quejosa apeló y el Tribunal Unitario desechó la demanda con el argumento de que la víctima no tenía legitimación para interponerlo. Inconforme con esta determinación, la víctima promovió un juicio de amparo, el cual le fue negado, por lo que acudió  a la Suprema Corte.

 

La Primera Sala señalo que el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Penales debe interpretarse de forma amplia, entendiendo que la víctima o el ofendido también se encuentran legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de cualquier decisión que afecte su derecho constitucional a ofrecer pruebas. El artículo a la letra dice:

 

“Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de primera instancia, como coadyuvante del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla.”

 

La Primera Sala establece que el derecho a apelar debe ser reconocido más aun si existe la posibilidad de que la víctima reciba una reparación del daño, conforme a la fracción IV del apartado B del artículo 20 constitucional, por lo que debe estar en la capacidad de impugnar cualquier decisión que afecte el proceso.

 

En su resolución, la Primera Sala consideró que la interpretación del tribunal unitario violenta los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso completo e imparcial a la justicia, porque dentro de las formalidades esenciales del procedimiento están comprendidos los medios ordinarios de impugnación, por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial.

 

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