La fracción parlamentaria del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una iniciativa de reformas al Código Penal y la Ley de Salud de esa entidad para aplicar la castración química a los violadores.

 

La castración química consiste en la aplicación de un fármaco a base de hormonas que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita la erección y la eyaculación, con efectos que pueden durar hasta seis meses.

 

La iniciativa propone que para los responsables de violación, se aplique el tratamiento mientras estén purgando la condena, y después de cumplir su pena deberán asistir al Centro de Atención para delincuentes sexuales. En casos de reincidencia en la violación a mayores de edad, violación y el abuso sexual de menores el tratamiento de inhibición sexual, después de haber cumplido la pena, será obligatorio y permanente.

 

En la Ley de Salud se prevé crear un Centro de Atención para Delincuentes Sexuales y un Registro Local de Delincuentes Sexuales. En el Centro se daría seguimiento y tratamiento a los delincuentes sexuales, en donde se les ofrecería servicio medico, sicológico, siquiatrico y de educación sexual para inhibir y modificar su conducta sexual.

 

Por otra parte, en el Registro serán inscritos todos aquellos que sean sancionados por delitos sexuales, aun cuando hayan obteniendo su libertad e incluirá: fotografía; nombre; dirección; ocupación; delito cometido y pena; datos sobre reincidencia; perfil psicológico, psiquiátrico y criminológico; huellas biológicas (ADN); y huellas dactilares.

 

El que forme parte del Registro Local, deberá informar inmediatamente algún cambio de domicilio u ocupación, además de asistir a firmar al Centro de Atención y entregar una fotografía reciente cada seis meses.

 

En la exposición de motivos se destaca la efectividad que la medida ha tenido en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Dinamarca y recientemente España, y que en general presentan una disminución sustancial en al tasa de reincidencia de este delito.

 

Justifican la medida ya que muchos de aquellos que son procesados por violación, al ser puestos en libertad, “vuelven a las calles sin que se hayan regenerado, por el contrario, su libido aumenta”, por lo que consideran que la sanción es proporcional al daño que provocan los delincuentes en la vida de las víctimas, aunque algunos pudieran argumentar que es violatoria de los derechos  ala intimidad, a la salud, a la seguridad, a la libertad sexual.

 

 

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