Según publicó el diario Excelsior, existen avances en las negociaciones para aprobar la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes en la que se busca “castigar como adultos, con penas de prisión, a los adolescentes de 12 a 18 años que en conciencia o incluso bajo el influjo de drogas y alcohol cometan los delitos de terrorismo, contra la salud (narcotráfico), ataques a las vías de comunicación, violación, asalto en carreteras o caminos, lesiones, homicidio, secuestro, robo calificado, uso, acopio, portación e introducción de armas de fuero de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea".

 

En el proyecto se deja en claro que solamente los menores de 12 años estarán exentos de responsabilidad por delitos federales, “el resto, deberá responder ampliamente ante la ley por los delitos cometidos.”

 

En el diario también se señala que existe consenso para no proceder “contra los adolescentes quienes al momento de realizar el hecho tipificado como delito en las leyes federales padezcan de algún trastorno mental que les impida comprender la trascendencia y las consecuencias de la conducta realizada, salvo que el sujeto activo se encuentre en estado de ebriedad, bajo el efecto de estupefacientes o psicotrópicos sin que medie prescripción médica y lo haya autoprovocado".

 

Al parecer estos acuerdos tienen como base una iniciativa presentada por el Senador Jesús Murillo Karam, sin tomar en cuenta un proyecto que ya fue aceptado por las dos cámaras y que debería estar siendo revisado por los senadores.

 

El nuevo sistema de justicia para adolescentes se estableció el 12 de diciembre de 2005, con la reforma al artículo 18 de la Constitución. El 25 de abril de 2006, el Senado de la República aprobó el proyecto de Ley General de Justicia para Adolescentes, y pasó a Cámara de Diputados.

 

El 26 de abril de 2007 la Cámara de Diputados, devolvió el proyecto a la Cámara de Senadores con modificaciones, llamándole Ley Federal de Justicia para Adolescentes. El 4 de septiembre de ese año se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente, y conforme  al artículo 72 inciso e), la discusión sólo podrá ser sobre las reformas o adiciones aprobadas por los diputados, sin alterar los artículos aprobados por ambas cámaras.

 

La Cámara de Diputados también tiene una nueva iniciativa sobre este tema, lo que seguirá retrasando la ley correspondiente.

 

Y en consecuencia, a nivel federal se carece tanto de la ley especializada así como de la implementación del sistema de justicia para adolescentes, a pesar de los llamados del poder judicial sobre la metaria, en virtud de los problemas que se presentan en los estados para procesar a los jóvenes por delitos del orden federal por la ausencia de este marco normativo, además de la falta de recursos para poder implementar el sistema  a nivel local.

 

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