Una de las principales quejas de los usuarios del sistema financiero son los cargos indebidos que aparecen en sus estados de cuenta de tarjetas de crédito o débito, por el uso no autorizado en cajeros automáticos o comercios, y la posición que asumen los bancos de que el usuario debe probar que él no realizó esas operaciones.

 

Este criterio ha sido revertido por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito que  negó el amparo a una institución bancaria, estableciendo que es ésta y no el usuario quien tiene la obligación de demostrar fehacientemente que el cliente fue quien dispuso del efectivo y no un tercero.

 

En la resolución se establece que si bien el principio general de derecho establece que “quien afirma esta obligado a probar” en este caso no es aplicable, ya que no se trata de una afirmación, sino de una negativa, a menos que la institución financiera cuente con una presunción legal a su favor.

 

Además, al ser las instituciones financieras las administradoras de los cajeros automáticos, son éstas las que tienen mayor facilidad para “preconstituir y aportar medios probatorios” sobre las operaciones que se realizan con estas herramientas. Al contar “con la información y todas las aptitudes técnicas” para aportar los elementos de prueba necesarios.

 

Finalmente, el Tribunal señala que “la indiscutible profesionalización y alta especialidad de los bancos les impone la obligación de brindar la más amplia seguridad a los usuarios, mediante el empleo y actualización de los mecanismos tecnológicos y científicos más avanzados y menos vulnerables a los riesgos de interferencia por personas ajenas, de modo que las facilidades existentes para interferir en sus sistemas, genera una presunción de culpa indirecta del propietario. Y de esa  responsabilidad sólo se libran los proveedores con la prueba de que tomaron todas las medidas para el funcionamiento óptimo de los servicios que prestan, fortalecidas con el empleo de los mecanismos más seguros y eficaces creados por la ciencia y la tecnología de punta que ofrezca el mercado.”

 

Esta es una decisión que afecta seriamente a todas las instituciones financieras, por lo que no dudamos que el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia.

 

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