El 20 de agosto de 2009 se aprobó un paquete de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, para que el narcomenudeo fuera combatido por las autoridades estatales, pero sólo ocho estados han modificado su legislación.

En el artículo primero transitorio del decreto se estableció que para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, que se refiere  a la persecución del narcomenudeo, las legislaturas locales a partir de la publicación del mismo tenían un año para realizar las adecuaciones a la legislación estatal y tres años “para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo.

Este artículo transitorio se ha interpretado de formas distintas ya que en algunas entidades federativas consideran que las autoridades federales deberán continuar la persecución de estos delitos hasta el 2012, mientras que otros consideran que esta responsabilidad se transfirió a las autoridades locales a partir del 21 de agosto de 2010.

Para la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, María Sierra Pacheco este artículo transitorio es muy claro. Las legislaturas locales contaron con un año, es decir, hasta antes del 20 de agosto de 2010 “para modificar los cuerpos normativos necesarios de sus entidades.”

Y la Federación y entidades federativas tienen hasta el 20 de agosto de 2012 para elaborar el programa nacional de salud para la prevención y tratamiento de la fármacodependencia por parte de la Secretaría de Salud, diseñar las campañas permanentes de información y orientación al público sobre prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, detectar a los grupos de alto riesgo, crear los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación de farmacodependientes y diseñar y establecer las políticas públicas necesarias para que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, participen en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio, suministro de estupefacientes y psicotrópicos.

Es decir, cuentan con tres años para "capacitar personal, hacer reingeniería en instituciones e infraestructura, así como contar con los recursos materiales necesarios para implementar esos cambios.

Los diversos criterios de interpretación y la omisión por parte de los estados sólo beneficia a los presuntos responsables de narcomenudeo, ya que si son detenidos por las autoridades locales, pueden argumentar que el delito sigue siendo competencia federal, o viceversa, y la sociedad corre el riesgo que mientras se toman posisiones, muchas personas dedicadas a la venta al menudeo de enervantes y estupefacientes, pueden quedar impunes y evadir la acción de la justicia.

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