La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un juicio de amparo en el que se debate la paternidad de un menor. En el caso se debe determinar si un tercero está legitimado o no para reclamar la paternidad de un menor que ha sido reconocido como hijo dentro de un matrimonio.

 

El juicio se deriva de una acción de contradicción de paternidad sobre un menor de edad promovida por un hombre que afirma ser el padre biológico, en contra de un matrimonio que registró al niño como su hijo dándole sus apellidos. 

 

El hombre reclama derechos y obligaciones sobre el menor, por lo que solicitó al juez de lo familiar fuera practicada una prueba de ADN para probar su dicho, a lo que la madre del niño se negó, tras lo cual, el juez en términos de la ley, tuvo por ciertas las afirmaciones del reclamante, es decir, le concedió la paternidad.

 

El matrimonio promovió la apelación la cual no procedió al haberse negado la madre a realizarse la prueba en genética molecular. Finalmente el padre legal promovió un amparo, mismo que fue atraído por la Corte, en el que argumenta que a nadie le asiste el derecho de impugnar la paternidad que le corresponde como esposo de la madre del menor, dado que se presume que ese niño es hijo del matrimonio, sin que esa presunción admita prueba en contrario.

 

La Sala consideró que el problema planteado cumple con los requisitos de interés y trascendencia, ya que se estará en posibilidad de resolver si la procedencia de la prueba de ADN, promovida por un tercero, atenta contra el interés superior del menor cuando éste ya haya sido reconocido como hijo dentro de un matrimonio y, por tanto, exista ya un vínculo de pertenencia a una familia. Además la decisión “trascenderá en los valores sociales reconocidos por el Estado mexicano, puesto que repercutirá en su integración familiar y en los derechos y obligaciones que de la decisión final resulten.”

 

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