Cuando una empresa en un proceso de adquisiciones del gobeirno viola las disposiicones de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría  dela Función Pública los puede multar e inhabilitar, impidiéndoles que participen directa o indirectamente en otros procesos. Cuando esto sucede era practica común promover un amparo en contra d ela sanción, a fin de obtener la suspensión provisional y continuar participando en esos procesos.

 

Ahora la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis de jurisprudencia que señala que otorgar a las empresas inhabilitadas por la Secretaría d e la Función Pública la suspensión atenta contra el interés social y el orden público, pues se quita eficacia a las resoluciones de la Secretaría, por lo que debe negarse en todos los casos.

 

 

La contradicción de criterios se presentó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

 

En la resolución se señala que “no es procedente otorgar la suspensión en el juicio de garantías contra los efectos y consecuencias de una resolución que sanciona a la quejosa con la inhabilitación temporal para participar en licitaciones públicas y celebrar contratos de igual índole”,

 

Lo anterior, toda vez que se estarían contraviniendo disposiciones de orden público que tienen como fin regular y vigilar que las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles se realicen con apego a las disposiciones legales “respecto de lo cual la sociedad está interesada se proteja, por ser de interés general, máxime que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular del afectado”.

 

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