Uno de los principales problemas para combatir  a la delincuencia es el lavado de dinero, actividad que permite que los criminales gocen de las ganancias que les dejan sus actividades ilícitas. Inclusive nuestro país ha sido criticado a nivel internacional por no contar con las medidas suficientes para el combate del mismo, es por ello que el pasado 31 de agosto el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores una iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, para combatir este delito.

 

Las disposiciones que incluye esta iniciativa no han resultado del agrado de dos sectores principalmente: los notarios y las instituciones financieras, por las obligaciones que les impone.

 

 

Aunque también existen voces como la del Senador Ramiro Hernández García, quien señala que esta iniciativa daña seriamente a los sectores productivos del país, principalmente a los sectores de la construcción, joyeros, restauranteros y el turismo, por el manejo de dinero en efectivo y de transacciones financieras que éstos tienen que hacer diariamente,

 

El objeto de la Ley es “…establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar al terrorismo.”  

 

Y son sujetos obligados de la Ley, todos aquellos que organicen concursos, sorteos y juegos con apuestas; los que emitan tarjetas de servicios o crédito distintos  a las entidades financieras como Liverpool o Coppel; casas de empeño; inmobiliarias y corredores de bienes raíces; joyeros; arrendadores de vehículos, nuevos o usados; empresas de blindaje; corredores de arte, transportistas de valores; y finalmente fedatarios públicos y asesores jurídicos, contables, fiscales y financieros.

 

La ley les exige que se cercioren de la identidad de las personas con las que realizan operaciones, tener conocimiento sobre los antecedentes y actividades de esas personas; recabar la documentación e información sobre la operación que realicen y que identifique  a los clientes o usuarios, esto incluye a aquellas personas que otorgan poderes para que se les represente o al principal o principales socios de una persona moral; resguardar la información y documentación y presentar reportes  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Respecto  a lo anterior, la principal crítica de los notarios a la iniciativa es que convierte a los profesionales y demás obligados en investigadores, al imponerles “conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen los actos u operaciones sujetos al régimen de esta Ley, considerando los antecedentes de actos previos, los volúmenes de actos u operaciones realizados, la descripción de la actividad económica o profesional del cliente o usuario y las plazas en que estos operten”

 

Por su parte las instituciones financieras representadas por el Grupo Financiero Inbursa, señalan al Senado que la indicativa contiene medidas inconstitucionales y hasta arbitrarias en contra del sistema financiero mexicano. Para el grupo financiero “resulta peligroso que si bien se requiere la denuncia de SHCP para actuar en contra de un empleado o funcionario bancario, la utilización de técnicas especiales de investigación, como operaciones encubiertas, entregas vigiladas, infiltraciones y medidas cautelares, pueden desarrollarse aun sin que medie la denuncia previa de SHCP para investigar al funcionario. Esto es, se podrá incluso arraigar a un funcionario o empleado de la entidad financiera, como medida cautelar, sin que exista la denuncia previa de la SHCP". Sobre todo, al grupo financiero le preocupa que se realicen operaciones encubiertas ya que implica un riesgos "que los agentes del orden cambien su identidad ante el sistema financiero y que se obligue a éste a mantener activas cuentas bancarias de los elementos policíacos".

 

A pesar de la opisición de este último sector, este tipo de investigaciones no son nuevas y sin duda se encuentran involucrado personal que labora en las instituciones financieras, como informó el pasado día trece la Procuraduría General de la República, al detener al presunto operador financiero de un cartel del narcotráfico, junto con tres personas más, entre ellas una ejecutiva de una sucursal premier de Santander en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presuntamente estas personas “lavaron” más de 90 millones de pesos, procedentes de operaciones ilícitas.

 

La revisión de esta iniciativa aun continúa en la Cámara de Senadores.

 

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