El Diputado Arturo Zamora Jiménez propuso a la Cámara de Diputados  diversas reformas a la Constitución Política y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para sujetar a juicio político al Presidente de la República cuando exista violación expresa y grave  a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales, cuya existencia será determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por ataques a la libertad electoral.

 

Las sanciones, conforme al artículo 110 constitucional serían la destitución o su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

De aprobarse esta iniciativa, las violaciones a la legislación electoral, como las cometidas por el Presidente Felipe Calderón al difundir propaganda gubernamental en las pasadas elecciones locales, podrían ser sancionadas.

 

En la iniciativa se señala que actualmente el Presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, sin embargo, no existe en la ley secundaria ningún mecanismo para aplicar esta sanción, aunado a que a pesar de que al protestarse el cargo se jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de esta emanan, no existe ningún sistema que permita reclamar al Presidente de la República por la inobservancia o desapego a esas disposiciones.

 

Con esta iniciativa afirman que se recupera el contenido de los artículos 38 de la Constitución Federal de 1824 y del artículo 103 de la Constitución Federal de 1857 que preveían la responsabilidad política presidencial presidencial, y que se perdió en 1917.

 

La Constitución de 1824 establecía que cualquiera de las cámaras podía conocer sobre las acusaciones en contra del Presidente por delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo; así como por actos dirigidos manifiestamente a impedir que se hicieran las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que aquellos se presentaran a cumplir con los cargos, o a impedir a las cámaras el uso de sus facultades.

 

El artículo 103 de la Constitución de 1857 señalaba que. “…el presidente de la República … durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.”

 

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