Desde junio de 2009 Julio César Godoy Toscano era prófugo de la justicia, acusado de vínculos con la delincuencia organizada y delitos contra la salud. En esa época él era candidato a diputado federal, y resultó electo, pero esa orden de aprehensión le impidió tomar protesta.

Pero el pasado jueves una vez, que logró vencer a la Procuraduría General de la República  y recuperar, con base en un amparo que se le concedió el 20 de septiembre de 2010, sus derechos políticos, rindió protesta como diputado federal y fue ungido con el fuero constitucional que lo protege.

Lo que conocemos como fuero constitucional actualmente comprende dos derechos. La “inmunidad procesal”, contemplada en el artículo 111 de la Constitución Política, y que establece que para juzgar a los altos funcionarios del Estado por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados deberá resolver si es procedente el proceso penal.

El otro es la “inmunidad parlamentaria”, prevista en el artículo 61 constitucional y se refiere a que los legisladores  no podrán ser procesados ni juzgados por las opiniones, votos y expresiones que manifiesten, en el desempeño de sus cargos.

La PGR cuenta actualmente con una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada en contra de Godoy Toscano, por lo que deberá promover la declaratoria de procedencia. El caso es una novedad porque nunca antes se había  acusado a un Diputado Federal de vínculos con el narcotráfico, además de que la acusación es anterior a la fecha en que el rindió protesta, que es el día 24 de septiembre, así que se está en duda si realmente la PGR debe solicitar la declaratoria de procedencia.

En el Congreso de la Unión ya existe una iniciativa para limitar estos privilegios, y la Suprema Corte de Justicia también ha emitido una tesis jurisprudencial que limita la “inmunidad parlamentaria”, pero hasta el momento el marco jurídico no ha cambiado, y permite que presuntos responsables de un delito, queden impunes.

Por supuesto, al protestar el cargo Godoy Toscano juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las disposiciones que emanen de ella.

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