Es muy común que cuando la administración en un gobierno cambia, se despida a los que están laborando en ese momento para dar paso al personal de la nueva administración. Pero estas prácticas resultan muy costosas porque producen un pasivo que impacta en el presupuesto, el cual proviene de los impuestos de los contribuyentes, y que puede generar problemas posteriormente.

Así se está presentando en el estado de Yucatán, en donde el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y Municipios embargará a las cuentas bancarias de 20 municipios para garantizar el pago de salarios caídos y prestaciones sociales a ex trabajadores.

Se planea efectuar los embargos en esta primera quincena de septiembre y alcanzarían un monto total de entre 30 y 40 millones de pesos.

Un caso que destaca es el del municipio de Tizimín en donde la administración de 2004 a 2007 despidió a 30 trabajadores, y sólo se pudo negociar con 23, por lo que 7 demandaron su reinstalación, asunto que ganaron y ahora se embargarán 3 millones de pesos al municipio para garantizar el pago a los extrabajadores.

La administración actual alega que se trata de una injusticia y arbitrariedad en contra del Ayuntamiento, a pesar de que es resultado de un proceso legal avalado por la SCJN y la justicia federal

Sin embargo, de esta experiencia, esta nueva administración, al tomar posesión para el trienio 2010-2012, despidió a más de 100 trabajadores, quienes ya demandaron, incrementando el pasivo laboral.

Y ésta historia se repite cada tres años o seis, según el caso.

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