En la agenda legislativa del  Partido Acción Nacional en el Senado de la República se incluye presentar una  iniciativa de Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que busca reducir la edad penal para ingresar a los Centros de Readaptación Social a los 12 años, pues ante la violencia en México, cada vez son más los casos de menores implicados en el crimen organizado.

 

En palabras del Senador Guillermo Anaya Llamas la iniciativa busca darle a los adolescentes alternativas y una mayor viabilidad y calidad de vida para evitar que caigan en las garras de la delincuencia organizada. Pero también aplicaría para que en el caso de que hayan cometido delitos, tengan instrumentos de rehabilitación para reintegrarse a la sociedad.

 

Pero el Senador Anaya es omiso en sus declaraciones.

 

 

El nuevo sistema penal se estableció hace casi cinco años, el 12 de diciembre de 2005, a través de la reforma al artículo 18 constitucional que estableció un sistema de justicia integral para adolescentes, con lo que solamente podrán ser sujeto de proceso de justicia para adolescentes aquellos que al momento de la comisión del delito, tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. Los menores de 12 años, sólo serán sujetos de rehabilitación y asistencia social.

 

Esta reforma también establece que el internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y “podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves”

 

Esto efectivamente deja una laguna pra los adolescentes entre doce y catorce años que no pueden ser sujetos a internamiento, por lo que en una interpretación podría entenderse que los menores entre los 12 y 14 años también sólo son sujetos de rehabilitación y asistencia social, a los que ahora los legisladores quieren hacer también sujetos de internamiento.

 

Pero el propio poder legislativo ha sido negligente para aprobar el ordenamiento que regula la justicia para adolescentes en materia federal, ya que desde el 4 de septiembre de 2007 el Congreso no ha concluido el proceso legislativo para aprobar la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, estando pendiente de aprobarse en la Cámara de Senadores.

 

Inclusive, el 17 de agosto de 2009 se otorgaron un año “para expedir las leyes y establecer las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal para la implementación del sistema de justicia integral para adolescentes”, plazo que ya se les venció.

 

Este año, en más de dos ocasiones se ha advertido al ejecutivo y al legislativo que la reforma de justicia penal está en riesgo ante la falta de recursos y también por la carencia de compromiso del gobierno federal para apoyar a procuradurías y organismos encargados de impartir justicia.

 

¿No sería mejor impulsaran la aprobación de la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes y la aprobación de los recursos que se requieren para implementarla, así como los juicios orales y el combate al narcomenudeo, antes que promover nuevas leyes sobre adolescentes?

 

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