Guanajuato se ha colocado en el ojo del huracán a raíz de las seis mujeres encarceladas acusadas del delito de homicidio en razón del parentesco, pero que presuntamente fueron perseguidas por cometer un aborto, aunque no en todos los casos aplica esta presunción. El asunto ya ha llamado la atención de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

 

En respuesta, el gobernador y el poder legislativo de ese estado han optado por reformar el artículo 156 del Código Penal de la entidad, para que el delito quede configurado de la siguiente manera: "A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además que dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión", facultando expresamente a la Secretaría de Seguridad Pública para que de oficio determine la retroactividad de la ley en beneficio de las personas que hayan sido sentenciadas por ese delito.

 

Así, con una legislación a modo, pretenden liberar a las seis mujeres que se encuentran encarceladas.

 

Pero con esta reforma, la entidad sólo resuelve una parte del problema, ya que las organizaciones sociales acusan al poder ejecutivo de criminalizar  a las mujeres que abortan, formándoles casos por homicidio en razón del parentesco. Ya en el año 2000 existieron protestas y manifestaciones en contra de una iniciativa que buscaba penalizar todo tipo de aborto, sin excepción.

 

Las organizaciones civiles han presionado para modificar el marco legal de Guanajuato, que en materia de aborto, sólo excluye de responsabilidad en caso de que el embarazo sea producto de una violación. En 2003 una iniciativa que incorpora con claridad los pasos a seguir para que una mujer ejerza su derecho a abortar en caso de una violación, elaborada por la  Procuraduría de Justicia del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, Ipas-México, GIRE, Equidad de Género, A.C., abogadas litigantes de la localidad y Milenio Feminista,  se quedó en el tintero.

 

Las reformas al Código Penal viene a resolver la situación de encarcelamiento de las seis mujeres, aunque de esta manera lograrán encubrir las violaciones que en el proceso judicial de cada una de estas mujeres se presentaron, violando sus derechos humanos, así como la presunta criminalización del aborto, situaciones que el gobierno estatal prefiere olvidar.

 

www.miabogadoenlinea.net