Una agrupación denominada Colegio de Abogados Católicos de México ha anunciado que presentará ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una solicitud de juicio político en contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por declarar la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho para adoptar.

Esto lo harían en ejercicio del derecho previsto en el último párrafo del artíuclo 109 de la Constitución Política, que permite que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, presente la denuncia correspondiente ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Este es un procedimiento para fincar responsabilidad a un servidor público por violaciones  a la Constitución Política y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Esta agrupación considera que los ministros se encuentran en el supuesto, al resolver que las reformas al Código Civil del Distrito Federal, que modifican el concepto de matrimonio y que permite las uniones homosexuales y las adopciones por parte de estas parejas, no atendieron al “interés superior del menor” y los tratados internacionales sobre los derechos de los niños.

El concepto de “interés superior del menor” se incluye en el inciso 1, del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del año citado, y ratificado por el Ejecutivo el 10 de agosto de 1990, cuya observancia es obligatoria por expresa disposición del artículo 133 de la Constitución General de la República.

Esta disposición señala que “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Algunos tratadistas lo definen como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona menor de edad, y en busca de sus derechos que buscan su mayor bienestar, en resumen, el bienestar del menor siempre deberá estar por encima de todo.

En el caso, los abogados consideran que el permitir que los menores sean adoptados por parejas homosexuales, pone en riesgo el bienestar de los menores. Y es donde se debe dicernir que es mejor para el niño, el no contar con una familia y crecer en una institución de asistencia, o el ser adoptado por un modelo no tradicional de familia.

La Cámara de Diputados deberá analizar la solicitud y decidir si es procedente la misma, para después iniciar el procedimiento.

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