Como una medida que pretende el actual gobierno para fomentar la innovación y la reducción de costos, se tiene previsto por parte de la Secretaría de Economía publicar en el Diario Oficial de la Federación una disposición para suprimir la obligatoriedad de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, NOM, en aparatos electrónicos y dispositivos médicos.

 

Se trata de una medida, sin embargo, que en lugar de redundar en bien de la industria, lo podría hacer en contra no solo de las empresas que se dedican a la normalización y certificación de estos productos, sino también en perjuicio de nosotros, los consumidores.

 

Las NOM son reglamentos técnicos que existen no solo en México, sino en varios países y que son definidas en documentos internacionales como “especificaciones técnicas contenidas en un documento que establece las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, las propiedades evidenciadas durante su empleo, la seguridad, las dimensiones.”

 

La normalización en México data de 1946 y para evitar que el cumplimiento de estas medidas se convirtieran en obstáculos al comercio, nuestro país ha firmado numerosos acuerdos internacionales en donde se compromete a seguir las pautas o lineamientos internacionales para agilizar la normalización y certificación de los productos y servicios. Estos acuerdos internacionales garantizan que todos los países firmantes del mismo siguen procedimientos similares al momento de certificar el cumplimiento de un producto por la norma expedida por el país.

 

Así, las normas, y en específico las NOM, se imponen como medidas para proteger a los consumidores, al medio ambiente y a la vida, y a la salud humana, animal y vegetal. De esta manera los aparatos electrónicos certificados en México avalan que ese aparato funciona con los cambios de corriente que hay en nuestro país y con el tipo de voltaje que se maneja que es de 110, con lo cual se protege al consumidor en caso de un mal funcionamiento del mismo y la vida de las personas al certificar que es improbable que ese aparato pueda ocasionar daños a la salud y poner en riego la vida humana. El ejemplo más significativo es el de las luces navideñas, estando demostrado que las que han ocasionado incendios por su mal funcionamiento son aquellas que han sido importadas de contrabando y que no han sido debidamente certificadas.

 

Suprimir las NOM para los aparatos electrónicos y dispositivos médicos supone en perjuicio no solo para los consumidores al otorgarnos menor seguridad, sino también en cuanto a que México se colocará en situación de desventaja frente a otros países en cuanto al intercambio de mercancías puesto que si bien estos aparatos podrán entrar a nuestro país sin cumplir las normas de México, avalando su certificación de normas de otros países, los aparatos fabricados o ensamblados aquí deberán seguir siendo certificados por los países en donde se comercializarán puesto que no se tiene previsto que exista reciprocidad en esta materia.

 

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización vigente es de 1992 y fue adaptada para cumplir con las modernas necesidades del intercambio comercial, previo a la entrada en vigor del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Esta ley supuso en su momento grandes avances no solo al quitar el monopolio de la normalización al estado al permitir la opinión en la elaboración de las normas a las industrias relacionadas con la materia a normalizar, sino también al crear una industria relacionada con la materia, como existe actualmente en las economías mundiales. Por ello a partir de esta ley emergieron una serie de empresas dedicadas exclusivamente a normalizar y certificar aparatos electrónicos, lo que fomentó asimismo la competencia entre los organismos certificadores.

 

Dieciocho años después de la expedición de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, existen en territorio mexicano unas 90 empresas dedicadas exclusivamente al ramo de la certificación electrónica, por lo que de seguir adelante este proyecto de la Secretaría de Economía, se implicaría el cierre de estas empresas y la pérdida de cientos de empleos.

 

Por ello, las diferentes empresas han amenazado con llevar el asunto a los tribunales, ya que el decreto que suprimiría la existencia de las NOM podría ser violatorio de disposiciones de diferentes  tratados internacionales en materia de comercio que México ha firmado, como el TLCAN y la Organización Mundial de Comercio, OMC, y que son equivalentes a una ley federal.

 

Resulta interesante ver que lo que hace 18 se defendió frente a otras naciones como parte de la modernización e identidad de México en favor de su industria y sus consumidores, hoy se vea tan solo como una medida a suprimir para llenar un número más en la lista de desregulación.

 

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