El caso de la Casa de Cambio Puebla y el lavado de dinero procedente del narcotráfico volvió a los titulares una vez que trascendió que Wachovia Corp, una de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos, reconoció en marzo pasado ante las autoridades judiciales “… que no hizo lo suficiente para monitorear y reportar posibles fondos ilícitos derivados del narcotráfico, en el manejo de 378,4 mil millones dólares de provenientes de casas de cambio de  México desde 2004 hasta 2007", entre las que se incluyen Casa de Cambio Puebla, en una de las violaciones más importantes a las disposiciones contra el lavado de dinero vigentes en Estados Unidos.

 

Según las investigaciones, con parte de esos recursos, los traficantes adquirieron cuatro aviones DC-9, que sirvieron para transportar 22 toneladas de cocaína.

 

 

"Es el lavado de dinero de los carteles por parte de los bancos lo que financia la tragedia", señaló Martin Woods, exdirector de la unidad anti-lavado de dinero de Wachovia, quien argumenta que renunció después de que los ejecutivos hicieron caso omiso sobre sus advertencias de que los narcotraficantes estaban lavando dinero a través de esa institución financiera. Para éste y otros expertos resulta evidente que las instituciones financieras tienen conocimiento de estas operaciones ilegales, pero omiten reportarlas, por el gran negocio que implica para ellos.

 

Wachovia llegó  a un acuerdo con las autoridades, comprometiéndose  a fortalecer sus sistemas de detección de operaciones ilíictas en un año y pagando 160 millones de dólares en multas y sanciones, que representa menos del 2 por ciento de sus 12,3 mil millones dólares de utilidades obtenidas en 2009.

 

En nuestro país las casas de cambio están reguladas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y entre las operaciones que realizan están la compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos a cuentas de terceros, y enviar y recibir transferencias de fondos en moneda nacional o en divisas, dentro y fuera del territorio nacional.

 Por ley, las casas de cambio deben solicitar identificación a las personas que realizan operaciones mayores a quinientos dólares y deben reportar a las autoridades aquellas superiores a los cinco mil dólares. Para evitar esta regulación se dice que el crimen organizado utiliza un ejército de personas, para cambiar dólares a pesos o depositarlos en cuentas bancarias. Una vez que los recursos entran al sistema, se encuentran  a su disposición.

 

Este panorama es el que motivó que la Secretaria de  Hacienda y Crédito Público emitiera las nuevas reglas sobre operaciones con dólares para los bancos, y que seguramente se replicarán en las casas de cambio.

 

Otro problema para el combate al lavado de dinero son los centros cambiarios, los cuales en teoría tienen limitadas las operaciones que pueden realizar, es decir compra y venta de efectivo, cheques, o documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, hasta por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente.

 

Pero la debilidad en estos negocios es que son supervisados por el Sistema de Administración Tributaria entidad que no cuenta con unidad para el combate del lavado de dinero.

 

Fuente: Bloomberg

 

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