El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción IV que toda la educación que imparta el Estado será gratuita.

 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Directora de la Escuela Preescolar pública Gregorio M. Solís, Araceli Hernández Luna, tiene una opinión distinta. Ella dice que “…es un error muy grande por parte de la Secretaría de Educación Pública al decir que es una escuela gratuita. Sí es gratuita, pero sólo los maestros y los salones. En los anuncios deberían decir que no es gratis la pintura, el aseo de los baños, el pago del gas, el teléfono, el Internet, los juegos, todo eso es parte de la cooperación de los padres, pues aunque no tengan dinero pueden ellos contribuir con su propio esfuerzo”.

 

 

Por ello, desde su punto de vista, se encuentra justificado que a un niño se le niegue el acceso al colegio y se le exhiba por el kinder con una nota pegada al pecho en la que se indica que se le negará el acceso al centro escolar “…hasta haber cubierto la cooperación anual…”, aunque implique violar los derechos y garantías individuales del menor.

 

La directora admitió que era una medida drástica, pero que la mesa directiva decidió que de una u otra forma tendrían que hacer pagar a los padres.

 

“Fue un error muy grande, sabíamos que teníamos el riesgo incluso del cese de actividades por las autoridades, pero teníamos que presionar de algún modo”, dijo.

  

Las cuotas escolares no son una cuestión que haya surgido en esta época, si no que es una problemática que se presenta en cada ciclo escolar.

 

El supuesto fundamento de estas cuotas son los siguientes artículos de  la Ley General de Educación: artículo 65, fracción III, que establece como derecho de los padres, colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; el artículo 66 fracción III, que obliga a los padres a colaborar en las actividades que realicen las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos; y el artículo 67, fracciones II y III que señalan como objeto de las asociaciones de padres de familia el colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles y el participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar.

 

Según información divulgada por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Leopoldo García, son alrededor de 5 mil millones de pesos, los recursos que ingresan a las escuelas a través de las famosas cuotas, sin embargo no existe ningún autoridad que supervise el ejercicio o aplicación de las mismas, lo que ha implicado diferente problemática en algunas entidades de la República.

 

En Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública solicitó a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública que iniciara auditorias a diversas asociaciones de padres de familia; en Guanajuato se presentaron más de 100 casos de fraude durante el año 2004; en Sinaloa la Secretaría de Educación Pública y Cultura firmó un acuerdo que indica la prohibición a las direcciones de los planteles de educación pública de exigir aportaciones a los padres de familia durante el periodo de preinscripción, inscripción o dentro de los primeros 45 días del ciclo escolar; y en Querétaro la ley estatal de educación plantea la prohibición del condicionamiento de inscripciones a la aportación de cuotas.

 

Las “cuotas escolares voluntarias” en las escuelas públicas de nivel básico se han convertido en motivo de discriminación, restricción o condicionamiento para la inscripción o reinscripción de alumnos al próximo ciclo escolar o inclusive, para la entrega de documentos, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones concretas en contra  de las mismas o para regularlas.

 

Fuente: Diario de Juárez

 

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