Una iniciativa presentada el pasado 27 de abril en la Cámara de Diputados  se ha convertido en un popular hashtag en twitter llamado #canonmx.

 

Esta iniciativa propone reformar los artículos 40, 148 y 232, y adicionar los artículos 40 bis, 40 ter y una fracción III Bis al artículo 231, todos de la Ley Federal del Derecho de Autor, para crear una licencia autoaplicativa para que los autores obtengan una regalía justa por sus obras.

 

 

La obligación de obtener y pagar esta licencia será para “…los fabricantes o importadores, distribuidores, mayoristas, y comercializadores al público, de soportes, equipos, aparatos, o instrumentos técnicos, o cualquier otro medio sonoro, visual o audiovisual, en cualquiera de sus modalidades conocidas o por conocerse, que sean idóneos para almacenar, compactar, duplicar, reproducir o copiar cualquier tipo de obras literarias o artísticas, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, videogramas y emisiones, protegidas.”

 

¿Por qué ellos? Porque según la exposición de motivos de la iniciativa , “…su éxito de venta está en función de que existan obras, fonogramas y videogramas, susceptibles de ser copiadas sin ningún costo extra, por lo que su publicidad y marketing, …se dirige precisamente a incitar a que los consumidores de los mismos, reproduzcan o copien, 'bajen' música, películas, fonogramas, videogramas y demás contenidos protegidos por los derechos de autor y conexos, exaltando su gran capacidad de reproducción, copia, compactación y almacenamiento; esforzándose por desarrollar mejores y más baratos medios que faciliten el almacenamiento, reproducción, compactación o copia de obras, fonogramas y videogramas protegidos por la ley.”

 

Las regalías serian recaudadas por las sociedades de gestión colectiva de cada rama, quienes las distribuirían entre los titulares de derechos autorales y conexos correspondientes. Se propone una tarifa inicial que posteriormente sería actualizada cada dos años por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta tarifa equivale aproximadamente al 8% del valor de los productos que se comercializan.

 

La iniciativa indica que el pago de la licencia puede impactar de la siguiente manerar: que lo absorba el consumidor final; lo absorba el consumidor y el fabricante, importador, vendedor al público y/o comercializador por partes iguales, o que el fabricante, importador, vendedor al público y/o comercializador lo absorba en su totalidad.

 

Esta propuesta presenta como justificación que la tecnología digital, representada por CD y DVD y los quemadores de discos compactos caseros, han generado “…un perjuicio económico masivo y profundo para todos los creadores y titulares de derechos, pues…el comprador (puede) reproducir y transmitir a otros, de manera fácil, rápida y a un costo mínimo, incontables números de copias con calidad idéntica a la de un original, sin necesidad de adquirir a éste último.” En opinión del autor  de la iniciativa la situación se agravó con los nuevos sistemas de reproducción y almacenamiento como son USB, teléfonos celulares, Ipod, y demás gadgets. El documento destaca Internet “…que se ha convertido en un motor gigante para copiar contenidos protegidos por los derechos de autor -como lo comentó el vicepresidente de Google, Vinton Cerf...”

 

Desde el punto de vista del legislador la Ley actual no otorga la protección necesaria ya que establece la figura de copia privada, como excepción al derecho del autor, que permite la reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. Pero la ley obliga al autor a probar que el consumidor realizó más copias no autorizadas y que afecta la explotación normal de la obra, para poder cobrar una cuota compensatoria.

 

La propuesta ha generado un gran rechazo en las redes sociales, tal y como sucedió en España en su momento. Por cierto, la iniciativa del canonmx es casi una copia de la legislación española vigente, especialmente en cuanto a la distribución del mismo entre los autores.

 

Los principales argumentos en contra son que el canon es indiscriminado y, por lo tanto, injusto, ya que los dispositivos de reproducción y los soportes de almacenamiento se usan tanto para los contenidos que están sujetos a derechos de autor como para los que no lo están.

 

Que es arbitrario en su distribución, porque al igual que no puede distinguirse entre contenidos con derechos de autor o sin ellos, tampoco se distingue entre autores afectados, en que proporción y los que no.

 

Que se trata de una doble imposición, porque se pagan derechos cuando se compra y adicionalmente cuando se almacena la información.

 

En España han existido juicios en los que se ha demandado la devolución de las regalías, al demostrar ante la autoridad judicial que los dispositivos de reproducción y almacenamiento fueron utilizados para almacenar información, sin afectar a ningún autor.

 

Pero además de esta controvertida propuesta existe otra para regular las descargas en Internet.

 

Proponen adicionar un Título VIII Bis, integrado por diez artículos, a la Ley Federal del Derecho de Autor que incluye un Capítulo Único denominado De los Proveedores de Servicios de Internet, con el que se busca incluir a estos proveedores y usuarios como sujetos de esta ley.

 

 

¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías han puesto al alcance de toda la gente herramientas de bajo costo que permiten reproducir con calidad digital cualquier obra u otra creación intelectual y transmitirla en fracción de segundos entre los millones de usuarios de Internet, específicamente en lo concerniente a música, vídeo, películas, series de televisión, libros e imágenes o fotografías, entre otros, de tal manera, que han originado nuevas modalidades de infracción a los derechos de autor.

 

La propuesta señala que adopta un criterio seguido por países como  Corea del Sur, Francia, España, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda y Taiwán, entre otros: El proveedor del servicio de Internet, o ISP por sus siglas en inglés, debe ser un auxiliar para prevenir descargas o intercambios no autorizados, entendiéndose por estos aquellos que vulneran los derechos de autor y derechos conexos a través de la reproducción, distribución, puesta a disposición o publicación, sin autorización, de obras y producciones realizados por terceros.

 

Así, la iniciativa pretende que el proveedor de Internet impida la descarga ilegal de contenidos protegidos por el derecho de autor.

 

Bajo este supuesto, el titular de los derechos de autor, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o la autoridad judicial notificara al proveedor de servicios de Internet, para que avise al usuario titular de la cuenta del servicio de Internet la posible violación a los derechos de autor, hasta en dos ocasiones.

 

Asimismo, se prevé que el autor pueda solicitar se establezcan medidas cautelares en contra del usuario, que podrán consistir en:

 

"I. Revelación, por parte del proveedor de servicios de Internet, de los datos personales del infractor;

II. Retiro, inhabilitación o bloqueo de acceso al contenido que constituya la infracción;

III. Limitación o bloqueo de los servicios de Internet para acceder a los sitios o redes de intercambio de archivos de punto a punto que permitan la infracción;

IV. Implementación de cualquier medida técnica efectiva que impida la violación de derechos de terceros."

 

Los proveedores de servicios de Internet también podrán ser responsables de la violación  a los derechos de autor salvo que establezcan medidas para prevenir las irregularidades tales como  dar por  terminado el contrato cuando se trate de infractores reincidentes.

 

"Cabe aclarar que la mayoría de los ISP prohíben expresamente a sus clientes utilizar el servicio para infringir el derecho de autor y se reservan la prerrogativa de dar por terminado el servicio a las personas que lo hagan; sin embargo, en la práctica los ISP no hacen valer esa condición contra aquellos usuarios que utilizan sus redes para reproducir, almacenar y distribuir obras y producciones sin la autorización de sus legítimos titulares. Esa omisión ha contribuido, desafortunadamente, a que se desarrolle de manera impune la piratería digital" justifica la exposición de motivos de la iniciativa.

 

A estas iniciativas aun les queda mucho camino por recorrer antes de volverse ley vigente, si es que llegan a serlo algún día, pero cabe haceruna justa aclaración.

 

La expresión generalizada en contra del canonmx es que “el gobierno nos quiere imponer un nuevo impuesto”. En realidad no es el gobierno. Es la idea del diputado diputado Armando Báez Pinal, que además, es Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Música y del Espectáculo.

 

 

Es decir, representa a los autores y está buscando proteger los intereses de ese sector. Ellos están muy preocupados por el uso que se está dando a los avances tecnológicos y buscan proteger sus derechos de autor. Esta es una tendencia a nivel mundial que ha generado demandas contra RapidshareGoogle, MetroLyrics.com, entre otros.

 

Será trabajo del resto de los diputados y senadores, que representan a otros sectores, incluyéndonos, y de nosotros, si se aprueba la solución que propone Báez

 

Estos conflictos seguirán presentándose hasta que encontremos un equilibrio entre los autores, los consumidores y las nuevas tecnologías.

 

Fuente: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados Anexos X (Internet) y XI (canonmx) 

 

www.miabogadoenlinea.net