El fin de semana pasado la visita del Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, y del Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, al Estado de Sinaloa en el marco de las elecciones, generó controversia.

Ambos señalaron que la visita la realizaban a título personal y no como los funcionarios que son.

Algunos medios se manifestaron en contra de estas actividades, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado que son constitucionales.

En la Sentencia Ejecutoria de Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 33/2009 y sus acumuladas 34/2009 y 35/2009, del 01 de Septiembre 2009 en la que se revisó el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza.

Específicamente el artículo 5, fracción IV. Participar en las precampañas y campañas, apoyando a los candidatos de su simpatía y a su partido, cuando se trate de funcionario público deberá participar con sus recursos propios y fuera del horario de trabajo oficial, el ejercicio de este derecho no puede generar violación a ninguno de los principios en materia electoral, ni mucho menos puede ser causa de nulidad de la elección, ni la afectación del sufragio.

La Corte consideró que este artículo está en concordancia con el 134 de la Constitución Política, ya que no les prohíbe a los servidores públicos ejercer sus derechos constitucionales de participación política, a condición de que siempre o en todo tiempo: i) apliquen con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad; y ii) no influyan en la equidad de la competencia de los partidos políticos.

Así que cuando un servidor público siempre que ejerza los derechos de participación política que tiene como ciudadano, lo debe hacer fuera del horario del trabajo oficial y con sus propios recursos, y así estará respetando la norma constitucionalidad de imparcialidad en los recursos públicos que tiene bajo su responsabilidad y equidad de la competencia entre los partidos políticos previstas en el citado artículo 134, séptimo párrafo que a la letra dice:

"Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos."

Ahora falta comprobar que lo hagan con recursos propios y fuera del horario de trabajo.

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