El pasado 27 de mayo se resolvió la controversia constitucional promovida por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en contra del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009.

 La Corte decidió por una mayoría de 10 contra 1 que la norma es constitucional y obligatoria para todas les entidades federativas.

La norma obliga a todas las clínicas y hospitales del país, estatales y federales, a ofrecer el método de anticoncepción de emergencia a las mujeres que hayan sido víctimas de una violación.

Independientemente de la posición ideológica del ministro Aguirre Anguiano, el único magistrado que votó en contra de la norma, sus argumentos cuestionaron la congruencia de sus compañeros ministros.

Cuando la Corte resolvió sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal, se estableció que la normalización se refiere solamente a las autoridades federales y que las normas oficiales regulan el ámbito de competencia de las dependencias del gobierno federal.

En esa oportunidad, el ministro Aguirre Anguiano se opuso a ese criterio, pero la mayoría votó a favor. Ahora esa misma mayoría afirma lo contrario y considera que las normas oficiales sí deben ser aplicables para los estados de la República, y, por ende a Jalisco, pero con ciertos matices: "aplicables donde son aplicables".

Eso, les repitió el ministro Aguirre Anguiano, una y otra vez, es ser incongruentes.

Inclusive utilizando los argumentos expuestos en el 2008 por los ministros, insistió en su posición, invitándoles a expresamente a abandonar la tesis general que sostuvieron, y  que se establezca un nuevo criterio en el sentido de que las normas oficiales mexicanas pueden incidir en ciertas materias en la que los Estados tienen competencia para emitir sus leyes.

Al final los ministros no estuvieron de acuerdo.

Es grave el señalamiento de incongruencia, porque si este fenómeno se repite, los criterios dejarán de ser generales, provocando inseguridad jurídica.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

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