Desde el inicio de esta semana los cerca de 600 policías de la ciudad de Monterrey, Nuevo León se encuentran acuartelados para ser sometidos a cinco pruebas distintas: exámenes psicométricos, de clima laboral, toxicológicos, médicos y de polígrafo, este último aplicado de manera aleatoria al cinco por ciento de los policías, y con base en los resultados se hará una depuración de la corporación. Ya se presentaron 23 renuncias.

En el marco de estos hechos el alcalde de la ciudad, Fernando Larrazabal ha presentado una iniciativa para modificar y adicionar la Ley de Seguridad Pública para el estado de Nuevo León, en sus artículos 65 fracción VII y 155 fracciones XXXI y XXXII.

De ser aprobada esta iniciativa, de manera mensual cada ex policía tendría que entregar, durante un año, un informe la Secretaría de Seguridad Pública del estado, donde detalle domicilio, ocupación, entre otros datos, entregando copia de los comprobantes que así lo acrediten.

La propuesta busca evitar el fenómeno que se presenta en todos los estados de la República en el que algunos expolicías se unen al crimen organizado, por ejemplo, en Tijuana, 108 de los 500 que han sido retirados, están en prisión por la comisión de diversos delitos.

La propuesta puede tener un fondo loable, pero podría implicar problemas de constitucionalidad, además de que al dejar de ser servidores públicos los expolicías ya no son sujetos de esa Ley.

Fuente: Zocalo

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