El pasado 30 de mayo de 2009, entró en vigor la nueva Ley Orgánica  de la Procuraduría General de la República. En dicha Ley los agentes de la policía federal investigadora de carrera, pasaron a ser agentes de la Policía Federal Ministerial de carrera, y se modificaron los requisitos para el ingreso y la permanencia en la policía, destacando entre ellos que se acreditara haber “…concluído por lo menos los estudios correspondientes a la educación superior o equivalente…”  Antes solo se requería que tuvieran estudios de preparatoria o equivalente.

Esto generó gran descontento dentro de las filas de los AFIs que llevó a algunos a promover juicios de amparo en contra de las reformas, ya que consideraban que la ley era retroactiva en su perjuicio y violaba sus derechos laborales a la estabilidad laboral y a la inmutabilidad de las condiciones de trabajo.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido resolviendo estos juicios y emitió siete tesis aisladas en las que establece la pauta para atender los juicios que quedan.

Así, la Corte señaló que el principio de irretroactividad no es aplicable a esta Ley, ya que la permanencia en el cargo de policía depende de un acto futuro, que es cumplir con los requisitos de Ley, los cuales pueden modificarse no afectando situaciones que se dieron en el pasado. Por otra parte, las condiciones anteriores no se consideran derechos adquiridos, sino expectativas de derecho que pueden ser modificadas en el tiempo, esto porque el interesado después de optar por la permanencia y tras someterse a las evaluaciones, o después del procedimiento y resolución del Consejo de Profesionalización será cuando se encuentre en el supuesto de la Ley, teniendo tiempo para cumplir con el requisito.

Por otra parte, la Primera Sala ratifica que la relación de estos servidores públicos con el Estado, no es de trabajador o de empleados de confianza, sino que se trata de un acto administrativo de nombramiento que debe considerarse un acto condición, ya que si el interesado desea continuar desempeñando la función, debe cumplir con los requisitos que establezca la ley. Además de que por virtud del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo.

Esto coincide con documentos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en los que se recomendó la no inclusión en los derechos laborales como trabajadores del Estado a militares, marinos y cuerpos de seguridad pública.

Así que los Policías Federales Ministeriales que no cuenten con estudios de educación superior tendrán que estudiar una carrera universitaria, normalista o tecnológica, si quieren seguir en el servicio.

Fuente: Suprema Corte de Justicia

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