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Al final de la maratónica sesión del pasado jueves 29 de abril, el Senado de la República  aprobó dos dictámenes de gran trascendencia social.

El primero fue el correspondiente a la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril de 2009. Esta reforma crea en el Código Penal Federal el delito de pederastia.

La reforna establece penas de 9 a 18 años de prisión y multas de 750 a 2 mil 250 días de salario mínimo a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento. Si existe violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.

La prescripción del delito comenzará a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad. En caso de aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, el término de prescripción correrá a partir del momento en que el Ministerio Público tenga evidencia de este delito.

El autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil. Cuando el delito se cometa por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Ahora corresponde al poder ejecutivo publicar el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal", para que estas disposiciones entren en vigor.

Por otra parte, el Senado envió a la Cámara de Diputados la ley antisecuestros al aprobar el “Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia del Secuestro reglamentaria de la Fracción Vigésimo Primera del artículo 73 Constitucional; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica, del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Esta reforma  define al secuestro como imprescriptible y establece que los sentenciados no tendrán derecho a la libertad preparatoria, conmutación de pena o cualquier otro beneficio que implique reducción de la condena.

Con la nueva legislación, se puede acumular por ese delito una pena de hasta 90 años de prisión. La norma señala que en caso de fallecimiento de la víctima se aplicará una pena de 40 a 60 años de prisión y multas que van de 500 a 2,000 días de salario mínimo. La cuantía de las multas aumenta si las víctimas son menores de edad, ancianos, deficientes mentales o mujeres embarazadas.

También se prevén penas de 25 a 50 años de prisión si el secuestro es cometido por funcionarios públicos, policías o militares. Con esa misma pena puede ser castigado el secuestrador que tenga vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o que le cause lesiones o violencia sexual.

La ley contempla que quienes liberen a sus víctimas antes de 72 horas o participen y colaboren en el rescate de la víctima tendrán un atenuante. Se prevé una pena de dos a ocho años de cárcel al que simule la privación de la libertad de una persona con la intención de cobrar una recompensa.

Se creará un fondo de reparación del daño y atención a las víctimas con recursos del Estado. Además, se obliga a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades para las investigaciones.

Tocará el turno a la Cámara de Diputados discutir aprobar estas reformas en el próximo periodo de sesiones, que inicia en septiembre de este año.

Fuente: Senado de la República

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