No se trata de ninguna manera de un tema nuevo para México, pero quizá es la coyuntura de hechos lo que llama la atención sobre el particular, puesto que mientras se denuncia por parte del gobierno de nuestro país con vehemencia sobre la nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, Amnistía Internacional denuncia el maltrato que sufren en México los inmigrantes centroamericanos.

 

En su documento titulado "Las víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México", Amnistía Internacional advierte sobre niveles alarmantes de abuso que sufren decenas de miles de centroamericanos que cada año cruzan territorio mexicano hacia los Estados Unidos.

 

 

De acuerdo con el documento, los migrantes centroamericanos enfrentan una grave crisis humanitaria que los deja virtualmente sin acceso a la justicia, temerosos a represalias y deportación si denuncian los abusos.

 

Sobre este documento, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en donde señala las líneas de acción para combatir la violación de los derechos humanos de los migrantes, indicando que la delincuencia organizada ha extendido sus operaciones afectando los derechos de los migrantes que pos su que por su condición de vulnerabilidad se convierten en blancos de delitos como el secuestro, la trata de personas y la extorsión.

 

Entre las acciones emprendidas por el gobierno federal, se señala en el comunicado que el  Instituto Nacional de Migración (INM) ha implementado estrategias como la difusión de los derechos de los migrantes por medio de folletos informativos, así como la entrada en vigor de las Nuevas Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, en las que se prevé la obligación de informar al alojado sobre sus derechos y obligaciones, entre los que se encuentran: el derecho a denunciar en caso de ser víctimas de delitos, la realización de un examen médico cuando se determine su ingreso a la estación, la posibilidad de que salgan de las estaciones migratorias cuando sean requeridos por cualquier autoridad para el desahogo de diligencias o prácticas judiciales o administrativas, entre otras.

 

Por su parte, el Poder Legislativo está trabajando en la derogación del artículo 67 de la Ley General de Población, para que no se pueda negar o restringir a los extranjeros, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de sus quejas en materia de derechos humanos y de procuración de justicia, así como su derecho a ser auxiliados en el caso de desastres y a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida.

 

Sin embargo tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones de la sociedad civil de atención a los migrantes señalan que los abusos contra estas personas son también cometidos por miembros del ejército y de las policías tanto federal como locales quienes en uso de sus facultades cometen diversos atropellos a los derechos humanos de los migrantes, entre ellos violaciones a las mujeres, señalando que son pocas las que se salvan de ser abusadas sexualmente por las autoridades.

 

Así que es menester seguir implementando políticas efectivas de protección a los migrantes de la frontera sur, para poder exigir un trato digno y respetuoso por parte del gobierno de los Estados Unidos a los migrantes mexicanos.

 

Fuente Segob y BBC Mundo

 

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